Jurisprudencia. Boletín Cámara Federal Seguridad Social n. 81 - La Causa Laboral

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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN - CÁMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 
 
PROSECRETARÍA GENERAL
 
DEPARTAMENTO DE JURISPRUDENCIA
 
BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA Nro. 81
 
Año 2023
ISSN 0327-3040

 
INDICE
 
SEGURIDAD SOCIAL
   
ASIGNACIONES FAMILIARES    
 
CAJAS COMPLEMENTARIAS      
 
FINANCIACIÓN
 
Aportes      
 
Deudas con las cajas
Depósito previo         
 
Multas
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
 
Gendarmería Nacional          
 
Militares          
 
Policía federal
 
Prefectura Nacional   
 
S.I.D.E            
 
HABERES PREVISIONALES
 
Bonificación    
 
Determinación del haber  inicial         
 
Reajuste         
 
JUBILACION Y RETIRO POR  INVALIDEZ            
 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS  JUDICIALES          
 
PENSION
 
Concubina      
 
Hijos    
 
Viuda   
 
PRESTACIONES    
 
Acumulación  
 
No contributivas         
 
Solicitud del beneficio          
 
RENTA VITALICIA PREVISIONAL  
 
SEGURIDAD SOCIAL – EN GENERAL   
 
SERVICIOS
 
Reconocimiento         
 
PROCEDIMIENTO
 
ACCION DE AMPARO       
 
COSTAS        
 
HONORARIOS         
 
OBRAS SOCIALES  
 
RECURSOS
 
Extraordinario
 
Queja  
 
RECUSACION Y EXCUSACION…            
 
SANCIONES CONMINATORIAS    
 
CORTE SUPREMA
 
"Unión de Empleados  de la Justicia de la Nación c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo – A.N.Se.S. s/  acción meramente declarativa”        
 
"Calderón, Carlos  Héctor c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios."            
 
"Gualtieri, Alberto  c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios"  
  
"Calderón, Carlos Héctor c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios."
 
Sala II CFSS
 
(Sumarios Publicados en el Boletín de Jurisprudencia Nro. 64 De la C.F.S.S.)           
 
"Gines, Juan Carlos c/ EN – M Justicia - SPF s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg."           
 
"Morales, Blanca Azucena c/ A.N.Se.S. s/ impugnación de acto administrativo"  
 
FALLOS DE CAMARAS JURISDICCIONALES.
 
“Maza, Elsa c/ A.N.Se.S. s/Reajuste Varios”
 
CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B     
 
“Bertoglio, Romina Griselda c/ A.N.Se.S. y otro s/Amparo Ley 16.986”
 
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A     
 
 
 
 
I- SEGURIDAD SOCIAL
 
ASIGNACIONES FAMILIARES
 
ASIGNACIONES FAMILIARES. Asignación Universal por hijo. Requisitos para recibirla.
 
En los supuestos de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social se tendrá en cuenta a ambos progenitores o adoptantes, aun cuando se encuentren separados de hecho o divorciados y siempre que no se encuentren privados de la responsabilidad parental. (Párrafo sustituido por art. 4º de la Resolución Nº 19/2021 de la Secretaría de Seguridad Social B.O. 24.08.2021. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial).
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 28005/2022 Sentencia definitiva 24.11.2022
 
“SIEBERT, MARIA VICTORIA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Pérez Tognola – Cammarata - Piñeiro)
 
 
ASIGNACIONES FAMILIARES. Asignación Universal por hijo. Requisitos para recibirla.
 
Considerar exclusivamente la situación de la inscripción del padre como autóno- mo para denegar la asignación pretendida, sin tener en cuenta que la actora no tiene contacto ni relación con el mismo, deviene irrazonable, ello así y de con- formidad con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley
 
26.061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adoles- centes), el interés superior del niño y los derechos de carácter alimentario que se intentan proteger mediante la percepción de esta asignación, por lo que debe abonarse a la actora la asignación universal por hijo a su hijo menor hasta que cumpla la edad de 18 años.
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 28005/2022 Sentencia definitiva 24.11.2022
 
“SIEBERT, MARIA VICTORIA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Pérez Tognola – Cammarata - Piñeiro)
 
 
ASIGNACIONES FAMILIARES. Asignación Universal por hijo. AUH. Progenitor. Monotributo.
 
El hecho que el progenitor se encuentre inscripto en monotributo, no obsta a que se le otorgue la asignación universal por hijo.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 88314/2019 Sentencia definitiva 15.07.2021
 
“VERA LOPEZ NORMA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Dorado – Fantini - Carnota)
 
 
 
 
 
                     
    
ASIGNACIONES FAMILIARES. Licencia por maternidad. Bienestar del niño. interés superior del niño. Subrogación de vientre.
El otorgamiento de la licencia por maternidad sin dudas busca proteger la salud de la madre gestante, pero también tiene directa vinculación con la salud y el bienestar del niño, siendo vital su atención primaria en los primeros meses de vida. En tal sentido, la licencia por maternidad y la consecuente asignación fami- liar se constituyen instrumentos para garantizar la integración de la familia, el cuidado del niño y la vinculación afectiva con sus padres. Por tal razón, es que a los fines de resolver, debe contemplarse, necesariamente, el interés superior del niño, que se encuentra garantizado en la “Convención sobre los Derechos del Niño”, revistiendo jerarquía constitucional dicho convenio en los términos del art 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 1992/2022 Sentencia definitiva 05.05.2022
 
“TRINKS, JULIETA c/ PEN y otro s/ Amparos y sumarísimos” (Fasciolo – Strasser - Russo)
 
 
 
                     
    
ASIGNACIONES FAMILIARES. Licencia por maternidad. Bienestar del niño. interés superior del niño. Subrogación de vientre.
La carencia de una licencia específica para el caso de subrogación de vientre colisiona con las normas relativas a la filiación previstas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y también con la protección de los derechos del niño por nacer, que les garantiza un cuidado integral en sus primeros meses de vida.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 1992/2022 Sentencia definitiva 05.05.2022
 
“TRINKS, JULIETA c/ PEN y otro s/ Amparos y sumarísimos” (Fasciolo – Strasser - Russo)
 
 
 
                     
    
ASIGNACIONES FAMILIARES. Licencia por maternidad. Bienestar del niño. interés superior del niño. Subrogación de vientre.
La licencia por maternidad una vez otorgada la trabajadora, gozará de las asig- naciones que le confieren los sistemas de la seguridad social, garantizando a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al pe- ríodo de licencia legal y, asimismo, otorgar a la madre la posibilidad de atender con mayor dedicación a su hijo durante los primeros meses de vida, protegiendo la institución familiar. Por ello, el reconocimiento expreso del empleador del esta- do de embarazo, adopción o subrogancia es necesario.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 1992/2022 Sentencia definitiva 05.05.2022
 
“TRINKS, JULIETA c/ PEN y otro s/ Amparos y sumarísimos” (Fasciolo – Strasser - Russo)
 
 
 
                     
    
ASIGNACIONES FAMILIARES. Licencia por maternidad. Bienestar del niño. interés superior del niño. Subrogación de vientre. Prenatal.
La “protección”, conformada por las asignaciones prenatal, por maternidad y por hijo responde al mandato del art. 75, inc. 23, de la CN cuando establece que co- rresponde al Congreso “dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el emba- razo y el tiempo de lactancia”. También atiende a lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. El objetivo del instituto es proteger a la mujer trabajadora frente a una contingencia tal como el embarazo y/o el posterior nacimiento de un hijo. Hay momentos tras- cendentes en la vida, en el que la pausa en la actividad resulta absolutamente necesaria para hacerse cargo de circunstancias especiales de índole familiar, como lo es el nacimiento de un hijo, no debiéndose distinguir si la madre es la gestante o no. Así las cosas, el objeto de la licencia es la eliminación de la obli- gación de prestar servicio en el tiempo inmediatamente anterior y posterior al nacimiento, a fin de que se pueda otorgar al niño los primeros cuidados necesa- rios, siendo importante entonces la atención de la familia y de la madre, como así también del hijo en forma particular. Para el caso de una situación que difiera de la presente en algún aspecto, pero no en todos, la Convención sobre los Dere- chos del niño, en su art. 21, establece que “…Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial…”.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 1992/2022 Sentencia definitiva 05.05.2022
 
“TRINKS, JULIETA c/ PEN y otro s/ Amparos y sumarísimos” (Fasciolo – Strasser - Russo)
 
 
ASIGNACIONES FAMILIARES. Licencia por maternidad. Interés superior del niño.
 
Corresponde resaltar que el otorgamiento de la licencia por maternidad sin dudas busca proteger la salud de la madre gestante, pero también tiene directa vincula- ción con la salud y el bienestar del niño, siendo vital su atención primaria en los primeros meses de vida. En tal sentido, la licencia por maternidad y la conse- cuente asignación familiar se constituyen instrumentos para garantizar la integra- ción de la familia, el cuidado del niño y la vinculación afectiva con sus padres. Por tal razón, debe contemplarse, necesariamente, el interés superior del niño, que se encuentra garantizado en la “Convención sobre los Derechos del Niño”, revis- tiendo jerarquía constitucional dicho convenio en los términos del art 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 1240/2022 Sentencia interlocutoria 12.05.2022
 
“VATTUONE SYLVIA ANDREA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Fasciolo – Strasser –Russo)
 
 
ASIGNACIONES FAMILIARES. Licencia por maternidad. Subrogación de vien- tre. Protección de los derechos del niño por nacer. Procedencia.
 
La carencia de una licencia específica y/o del pago de la asignación familiar susti- tutiva de la remuneración que corresponde por el periodo de inactividad para el caso de subrogación de vientre colisiona con las normas relativas a la filiación previstas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y también con la pro- tección de los derechos del niño por nacer, que les garantiza un cuidado integral en sus primeros meses de vida, que no puede dejarse de lado.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 1240/2022 Sentencia interlocutoria 12.05.2022
 
“VATTUONE SYLVIA ANDREA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Fasciolo – Strasser –Russo)
 
 
 
 
ASIGNACIONES FAMILIARES. Licencia por maternidad. Subrogación de vien- tre. Procedencia.
 
En el caso de Subrogación de vientre, corresponde reconocer la licencia por ma- ternidad y abonar la asignación correspondiente a la misma en los términos de la ley 24.714, art. 11, que dispone que “La asignación por maternidad consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo, que se abonara durante el periodo de licencia legal co- rrespondiente…”.debiendo la accionada otorgar la asignación derivada de la apli- cación directa de los arts. 177 de la ley 20.744 y 11 de la ley 24.714.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 1240/2022 Sentencia interlocutoria 12.05.2022
 
“VATTUONE SYLVIA ANDREA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Fasciolo – Strasser –Russo)

 
CAJAS COMPLEMENTARIAS
 
CAJAS COMPLEMENTARIAS. Sindicato de Luz y fuerza. Desistimiento de ac- ción judicial. Improcedencia de la acción.
 
Corresponde rechazar la demanda si la parte actora no cumple con el requisito del art. 1 del Convenio celebrado el 31.01.90 entre la Secretaría de la Seguridad Social, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza de la Capital Federal y el Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza de la Capital Federal ( Circulares GP 37/09, 34/10, 17/12), relativo al desistimiento de toda acción judi- cial y/ o reclamo administrativo iniciados, si con anterioridad a la presente acción había demandado al ente previsional en procura del reajuste de sus haberes pre- visionales.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 51596/2012 Sentencia interlocutora 27.02.2018
 
“HOYOS SILVIA MARTA c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias” (Lucas - Pérez Tognola)

 
CAJAS COMPLEMENTARIAS. Sindicato de Luz y fuerza. Desistimiento de ac- ción judicial. Improcedencia de la acción.
 
Corresponde rechazar la demanda si el actor, con anterioridad dedujo demanda de conocimiento pleno contra la A.N.Se.S. por reajuste de haberes, que tramita ante esta Sala pues, no cumplió con el requisito exigido por la Cláusula Primera del Convenio firmado el 31.01.90 por el cual el Estado Nacional a través de la Secretaría de Seguridad Social dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguri- dad Social suscribió con la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuer- za y el Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza de la Capital Federal ratifica- do por resolución del MTESS nº 268/09 en su artículo 7º, es decir el desistimiento de todo reclamo administrativo y/o judicial, además de los reclamos de reajustes de haberes.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 72115/2013 Sentencia definitiva 15.10.2020
 
“DI BIN OMAR ADOLFO c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias” (Dorado – Piñeiro - Zenobi)
 
 
 
 
FINANCIACION
 
Aportes
 
FINANCIACION. Aportes. Cuota sindical. Incompetencia.
 
Corresponde declarar la incompetencia de la Cámara Federal de Seguridad So- cial, para conocer en los recursos de apelación interpuestos contra Resoluciones de la AIFP-DGI, determinativas de deuda pues, se circunscribe a las realizadas por ese Organismo recaudador, en el marco de Decreto 507/93, ratificado por la ley 24.447 y así lo prescribe el art. 26, inc. b) de la ley 24.642, donde específica- mente le otorga la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo, en la Capital Federal para las ejecuciones fiscales que allí se describen.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 2972/2017 Sentencia interlocutoria 06.07.2018
 
“ASOCIACION DE COOPS. ARGENTINAS LTDA. c/ Sindicato de Empleados de Comercio s/ Impugnación de deuda” (Laclau – Milano)
 

Deudas con las cajas
 
FINANCIACION. Deudas con las cajas. Determinación de deuda. Prescripción. Comienzo.
 
En lo que hace al cómputo de la prescripción liberatoria habrá de recordarse lo dispuesto por el art. 4017 C.C. –vigente al tiempo en que se devengó la obliga- ción de pago- pues, en las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social, la prescripción liberatoria se produce a los diez años de su devengamiento con arreglo a lo dis- puesto por el primer párrafo del art. 16 de la ley 14.236, de manera que resultan alcanzadas por la excepción los créditos originados con anterioridad a los diez años previos al reclamo.
 
C.F.S.S., Sala III Expte. 115116/2017
 
Sentencia definitiva 22.09.2022
 
“INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI) c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda". (Fasciolo – Strasser - Russo)
 
 
Depósito previo
 
FINANCIACION. Depósito previo. Ley 18.820, art. 15.
 
Corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso interpuesto pues, si no se han objetivado los supuestos que autorizarían eximir al recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la ley 18.820 y 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, como requisito para la admisibilidad del recurso deducido por lo tanto pues, atañe declarar la inadmisibilidad formal el remedio procesal intentado en virtud de no haberse cumplido lo dispuesto por la normativa legal citada.
 
C.F.S.S., Sala III Expte. 101551/2010
 
Sentencia interlocutoria 06.03.2023
 
 
“CENTROS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LA COCHA c/ Administración
 
Federal de Ingresos Públicos - D.G.I. s/ Impugnación de deuda". (Strasser – Russo)
 

Multas
 
FINANCIACION. Multas. Impugnación de deuda. Actas de inspección.
 
Las actas de inspección e infracción no son más que una constatación que hace la Administración de la situación del contribuyente, por lo que no cabe exigir de las mismas los requisitos propios de los actos administrativos, como tampoco que sean realizadas por juez administrativo, ya que por tratarse de constataciones las mismas pueden ser cuestionadas- tanto la deuda como la multa- y dar nacimiento posteriormente al proceso correspondiente.
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 39776/2022 Sentencia definitiva 09.11.2022
 
“FERRETERIA ARGENTINA S.R.L. c/ Administración Federal de Ingresos Públi- cos s/ Impugnación de deuda”
 
(Pérez Tognola - Piñeiro)
 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
 
Gendarmería Nacional
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Gendarmería Nacional. Aportes. Ley 22.788. Caso CSJN “Pino”.
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “PINO, Seberino y otros c/ Esta- do Nacional – Ministerio del Interior – s/ Personal Militar y civil delas FFAA y de Seg.” del 7/10/2021 (CSJ 30/2013 (49-P) /CS1) sostuvo que “…con relación a los agravios que se dirigen a cuestionar la validez del aporte personal fijado por la ley 22.788 con fundamento en que hasta el dictado de esa norma los retirados y pensionados de la Gendarmería Nacional no estaban obligados a realizarlo, re- sulta de aplicación la doctrina de este Tribunal según la cual la modificación de una norma por otra posterior de igual jerarquía no da lugar a cuestión constitu- cional, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamen- tos, ni a su inalterabilidad (Fallos: 315:839; 327:5002; 338:757), más aún cuando la imposición de dicha carga se sustenta en razones de interés colectivo y mani- fiesto carácter asistencial, sin que se advierta que vulnere los derechos superio- res invocados.
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 13658/2010 10.11.2022
 
“CONTRERAS JORGE Y OTROS c/ Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos y otro s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguri- dad”
 
(Pérez Tognola - Piñeiro)
 

Militares
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Suplementos. Decreto 1305/12. Retroactivo. Prescripción. Bienal. Arts. 2537 y 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación.
 
Deberán considerarse prescriptos las acreencias emergentes del Decreto 1305/2012 y modificatorios, anteriores a los dos años previos de interpuesta la
 
 
demanda, si no obra en autos reclamo administrativo previo; ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 2562 inc. c) y 2537 del CCCN -Ley 26.994-.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 645/2021 Sentencia definitiva 06.12.2022
 
“LILLO ENO DANIEL Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad" (Fantini - Carnota)
 
 
Policía Federal
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Haberes previsionales. Suplementos. Decreto 1305/12.
 
Teniendo en cuenta que los actores han obtenido sus haberes de jubilación y/o pensión en su condición de Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley “S” 19.373 para el Personal Civil de Inteligencia de la ex Secretaría de Inteligen- cia del Estado y de las Fuerzas Armadas, modificada por la ley 21.705 y por el Dec. 1088/03 que aprueba el Estatuto para el Personal antes citado, corresponde considerar que los suplementos “por responsabilidad jerárquica” y “por adminis- tración del material” Dec. 1305/12, constituyen un incremento generalizado sobre los haberes del personal militar en actividad y por ende, atañe tenerlos como par- te integrante de su remuneración y, con ello, considerarlos parte del “haber men- sual” del grado de Coronel, a los fines previstos por el art. 28 del “Estatuto para el Personal de Secretaría de Inteligencia y para el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas” del Dec. 1088/03.
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 10581/2020 Sentencia definitiva 28.11.2022
 
“HEREDIA HORACIO ELISEO c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” (Pérez Tognola – Cammarata - Piñeiro)
 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Ley 26.884. Suple- mento por título universitario. Decreto 436/94 Retiro. Improcedencia.
 
Los suplementos generales, entre los que se encuentra el suplemento por título universitario (Decreto 436/94), no deben integrar el ‘haber mensual’, aún con an- terioridad al dictado de la ley 26.884.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 3886/2013
 
Sentencia definitiva 13.08.2019
 
“PORTILLO RAMON SOTERO c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas” (Milano – Fasciolo - Laclau)
 
    
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Haberes previsiona- les. Adicionales. Decretos 1782/06 y 871/07 y 751/09. Ámbito de aplicación. Per- sonal Civil de Inteligencia de los Organismos de las Fuerzas Armadas.  
Los aumentos otorgados por los Decretos 1782/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, son de aplicación exclusiva para el Personal Civil de Inteligencia de los Organis- mos de las Fuerzas Armadas.
 
C.F.S.S., Sala III Expte. 107398/2011
 
Sentencia definitiva
 
 
17.11.2022
 
“DUDAS JUSTIN JOSE Y OTRO c/ E N- Ministerio del Interior - Ministerio de Se- guridad - CRJPPF s/ Personal Militar y Civil de la Fuerzas Armadas y de Seguridad." (Russo – Strasser – Fasciolo)
 
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Ley 26.884.
 
Suplemento por título universitario.
 
De acuerdo con el art. 385 del decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965, el haber mensual estaría compuesto por los siguientes conceptos: a) Sueldo básico y b) Bonificación complementaria. Con posterioridad, a partir de la modificación introducida por el decreto 1327/05, el haber mensual se compone del concepto ‘sueldo básico’. Por otra parte, de conformidad con el art. 388 de ese reglamento, los suplementos generales no integran el haber mensual. Es así, que del análisis de la normativa aplicable al caso, no caben dudas que los suplementos genera- les, entre los que se encuentra el suplemento por título universitario, no deben integrar el ‘haber mensual’, aún con anterioridad al dictado de la ley 26.884.
 
C.F.S.S. Sala III Expte. 8883/2013 Sentencia definitiva 23.08.2019
 
“DERECHO RENE JESUS / Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Poli- cía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad". (Milano – Laclau - Fasciolo)
 
 
Prefectura Naval
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Prefectura Naval. Haberes previsio- nales. Suplemento por título universitario. Ley 19.398, art. 56, inc. c.
 
El Suplemento por Título es uno solo, conforme la redacción de los incisos a, b y c I, II y II del artículo 56 de la 19.398 que sólo establece la escala de ponderación en la forma que procede su inclusión en el haber del personal de prefectura. La terminología legal “suplemento por título” en singular y el hecho de que la escala del porcentaje de percepción está enumerada en tres incisos permite considerar que no corresponde acumular títulos, sino que le corresponde percibir solamente el porcentaje correspondiente al título de mayor cuantía.
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 53174/2013 Sentencia definitiva 01.06.2021
 
“GIACHINO LUIS ALBERTO c/ Estado Nacional Ministerio de Seguridad s/ Per- sonal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de seguridad”
 
(Pérez Tognola – Piñeiro)
 

 
S.I.D.E.
 
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD SIDE. Bonificación por Título. Ley 27.126. Dec. 656/2016.
 
La ley 27.126 (modificatoria de la ley 25.520) creó la Agencia Federal de Inteli- gencia (AFI) y mediante el artículo 24 dispuso la disolución de la Secretaría de Inteligencia, por lo tanto la AFI (posteriormente SI) es un organismo continuador de la SIDE y, por lo que la bonificación por título prevista por el decreto 656/2016
 
-dictada en el marco de la Ley 27.126 - que asciende al 30%, comprende también a aquellos agentes que en actividad pertenecieron a la SIDE.
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 15908/2018
 
 
18.08.2022
 
“REYES MARIA CRISTINA Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensio- nes de la Policía Federal s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”
 
(Pérez Tognola – Cammarata - Piñeiro)
 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. SIDE. Ex agentes civiles de la enton- ces Secretaría de Inteligencia del Estado. Bonificación por título. Decreto 656/16.
 
Ante los lineamientos de progresividad que ordenan los Tratados Internacionales, toda vez que la parte demandada en lo que hace a la liquidación de los haberes mensual decidió incorporar al colectivo de ex agentes de la Secretaria de Inteli- gencia de Estado en el nuevo Estatuto para el Personal de la Agencia Federal de Inteligencia corresponde, confirmar la sentencia en cuanto ordena a la Caja de Retiros de Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina que liquide la “Bonificación por Título” en los términos del Decreto Nro. 656/16.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 6265/2017 Sentencia definitiva 03.05.2021
 
“ORTIZ DE MARCO ENRIQUE HUMBERTO Y OTRO c/ Caja de Retiros Jubila- ciones y pensiones de la Policía Federal s/ Personal Militar y civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”
 
(Fantini – Dorado - Carnota)
 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. SIDE. Ex agentes civiles de la enton- ces Secretaría de Inteligencia del Estado. Bonificación por título. Decreto 656/16
 
Corresponde que se liquide y se abone el incremento dispuesto en la bonificación por “Título” que forma parte de sus haberes, de conformidad con lo establecido por el decreto 656/16 (art. 29 inc. d III del Anexo), pues la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es, en la actualidad, el organismo sucesor de la ex Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), en virtud de la Ley 27.126, que tuvo por finalidad esta- blecer el marco jurídico en el que los Organismos de Inteligencia del Estado desarrollarán sus funciones y actividades por lo tanto, considero que los ex agen- tes se encontrarían alcanzados por las normas cuya aplicación pretenden, pues la accionada no puede sostener una postura que implique aplicar parcialmente dos regímenes sucesivos distintos, pues si bien los reclamantes han obtenido sus beneficios jubilatorios con anterioridad al dictado de la normativa actual, queda- ron comprendidos en el Estatuto aprobado por el Decreto Nro. 656/16 en cuanto ex agentes civiles de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 23522/2018 Sentencia definitiva
 
28.06.2022
 
“COSENTINO LAURA VIVIANA c/ c/ Caja de Retiros Jubilaciones y pensiones de la Policía Federal s/ Personal Militar y civil de las Fuerzas Armadas y de Seguri- dad”
 
(Dorado – Fantini – Carnota)
 
 
 
 
HABERES PREVISIONALES
 
Bonificación
 
HABERES PREVISIONALES. Bonificación. Zona austral. Prefectura Naval Ar- gentina. Decretos 1307/2012 y 854/2013. Procedencia.
 
Esta Sala -en su anterior integración-se expidió en un caso similar al de autos, en la causa Nº 92212/13 “Caerols Norberto Raúl c/ Ministerio de Seguridad - Prefec- tura Naval Argentina s/ Personal Militar Personal Militar y Civil de la FFAA y Se- guridad” (Sentencia Definitiva del 26/09/2018). En mérito a las pruebas produci- das (cuyas copias certificadas se encuentran reservadas en Secretaría a disposi- ción de los litigantes), se acreditó que más de un 90% del personal activo perci- bió alguno de los suplementos que establecen los Decretos Nº 1307/12 y Nº 854/13, lo cual desvirtúa el carácter particular que las normas pretenden otorgar- le.
 
C.F.S.S., Sala II Expte. 104885/2016
 
Sentencia definitiva 12.10.2021
 
“GARMENDIA JUAN CARLOS Y OTRO c/ Prefectura Naval Argentina s/ Perso- nal Militar Personal Militar y Civil de la FFAA y Seguridad”
 
(Fantini - Carnota)
 

HABERES PREVISIONALES. Bonificación. Zona austral. Prefectura Naval Ar- gentina. Decretos 1307/12 y 854/13. Procedencia.
 
Para la percepción por parte del personal retirado de alguno de los suplementos creados por los decretos Nº 1307/12 y Nº 854/13, debe acreditarse el “carácter de general” con el cual son otorgados al personal activo. El término “generalidad” no debe ser entendido como sinónimo de “totalidad”, como lo pretende la deman- dada, sino como lo define la Real Academia Española, esto es, como equivalente a “común, frecuente, usual”; con lo cual los incrementos establecidos en los su- plementos instituidos por los citados decretos, deben ser trasladados al personal retirado, sin necesidad de que lo perciba el 100% de los efectivos en actividad.
 
C.F.S.S., Sala II Expte. 104885/2016
 
Sentencia definitiva 12.10.2021
 
“GARMENDIA JUAN CARLOS Y OTRO c/ Prefectura Naval Argentina s/ Perso- nal Militar Personal Militar y Civil de la FFAA y Seguridad”
 
(Fantini - Carnota)
 
 
HABERES PREVISIONALES. Bonificación. Zona austral. Prefectura Naval Ar- gentina. Ley 19.485. Procedencia.
 
Una nueva y profunda lectura del leading case “DEPRATI” lleva a entender que, en tanto y en cuanto los accionantes acrediten haberse domiciliado y mantengan su residencia en la zona geográfica definida por la Ley 19.485 -y teniendo en cuenta lo señalado respecto del hipotético caso de estar percibiendo otro suple- mento que cumpla la misma finalidad prevista para la presente-, tienen derecho a percibir conjuntamente con su prestación de retiro, el coeficiente de zona austral. Por lo tanto la demandada al liquidar la bonificación aquí reconocida deberá tener en cuenta los rubros “haber” y “antigüedad”.
 
C.F.S.S., Sala II Expte. 104885/2016
 
 
12.10.2021
 
“GARMENDIA JUAN CARLOS Y OTRO c/ Prefectura Naval Argentina s/ Perso- nal Militar Personal Militar y Civil de la FFAA y Seguridad”
 
(Fantini - Carnota)
 

Determinación del haber inicial
 
HABERES PREVISIONALES. Determinación del haber inicial. Haber de actividad y de pasividad. Doctrina “Villanustre”. Límite.
 
Si en la sentencia que se ejecuta se previó la doctrina “Villanustre” la metodolo- gía de redeterminación del haber inicial y la movilidad fue decidida en base a la aplicación de índices y no por pauta salarial, resulta a toda luces inadmisible e improcedente que -en la etapa de ejecución de sentencia- se introduzca una in- terpretación entre tantas posibles de la doctrina “Villanustre” que, en este caso, no se puede convalidar en atención al cargo que desempeñaba el actor en su vida económica activa y, ahora se pretenda aplicar una pauta salarial de conve- nio como lo es el Salario Mínimo Vital y Móvil. (Del voto de la mayoría. Al que adhiere el Dr. Carnota. La Dra. Dorado voto en disidencia).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 55533/2010 Sentencia interlocutoria 07.04.2022
 
“GUIDO OSVALDO RUBEN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Dorado – Fantini - Carnota)
 
 
 
                     
    
HABERES PREVISIONALES. Determinación del haber inicial. Haber de activi- dad y de pasividad. Desproporción entre el haber del pasivo y el activo. Carga de la prueba.
Queda a cargo de la demandada la acreditación al momento de practicar la co- rrespondiente liquidación, conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de Jus- ticia de la Nación en los autos “Pérez María Magdalena c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”, Sentencia del 31 de marzo de 2009, “San Martín Rafael Santiago c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”, Sentencia del 3 de noviembre de 2009, entre otros y, debe tenerse en cuenta la realidad concreta del caso, de conformidad a lo dispuesto por la C.S.J.N. en la causa “Mantegazza Ángel Alfredo”, donde se sostuvo la imposibilidad de aplicar en forma mecánica la doctrina del caso citado. En el mismo sentido, C.F.S.S. Sala I en autos “Asensio Eduardo Marcelo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”, sentencia del 21 de noviembre de 2006 en cuanto a la carga de la prueba ha considerado que debe recaer sobre quien alega la desproporción entre el haber del pasivo y el activo. (Disidencia de la Dra. Dora- do).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 55533/2010 Sentencia interlocutoria 07.04.2022
 
“GUIDO OSVALDO RUBEN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Dorado – Fantini - Carnota)
 
 
HABERES PREVISIONALES. Determinación del haber inicial. Haber de actividad y de pasividad. Doctrina “Villanustre”.
 
Resulta a toda luces inadmisible e improcedente que en la etapa de ejecución de sentencia la magistrada introduzca una interpretación entre tantas posibles de la doctrina “Villanustre” que, en este caso, no se puede convalidar cuanto se trata de una persona que en su vida económica activa desempeñaba un cargo geren- cial ahora se le quiera aplicar una pauta salarial de convenio como lo es el Sala- rio Mínimo Vital y Móvil, debiendo la magistrada pronunciarse expresamente so- bre la liquidación en base a índices practicada por la parte actora y en caso de considerarlo procedente recurrir a otra pauta objetiva que decida a efectos de materializar la doctrina “Villanustre”, considerando expresamente la doctrina del precedente “Mantegazza” de la Excma. C.S.J.N.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 27289/2011 Sentencia interlocutoria 11.06.2022
 
“GONZALEZ SANTA CRUZ CRISTOBAL ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”
 
(Dorado – Fantini - Carnota)
 
 
 
 
Reajuste
 
HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Determinación del haber inicial. Caso "Chocobar" y “Actis Caporale”. Tope.
Respecto al sistema de topes previsto en el art. 9 de la ley 24.463 este Tribunal ha mantenido la doctrina de su inconstitucionalidad en la medida en que su aplicación importe una disminución en el haber previsional que por su magni- tud sea confiscatoria, de conformidad con las pautas señaladas por la Corte Su- prema de Justicia de la Nación en conocida jurisprudencia (Chocobar Sixto Ce- lestino c/ Caja Nacional de Previsión del Estado y Servicios Públicos s/Reajuste por Movilidad" sent. 27.12.96, y ¨Actis Caporale, Loredano Luis Adolfo c/Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ reajustes por movilidad¨, sent. 19.08.99).
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 50880/2010 Sentencia interlocutoria 21.09.2022
 
“SOSA PEDRO VICTOR c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Pérez Tognola - Cammarata – Piñeiro)
 
 
                     
    
    
HABERES PREVISIONALES. Reajustes. Beneficio obtenido bajo la vigencia de la ley 18.037. Último salario de actividad. Tasa de sustitución.   Ley 18.037, art. 49.  
La remuneración a considerar debe guardar relación efectiva con los ingresos en actividad y, habida cuenta de la avanzada edad del actor, que aconseja la utiliza- ción de una pauta objetiva que no acarree mayores dilaciones, resulta proceden- te el criterio aplicado por el juzgador la utilización del Salario Mínimo, Vital y Móvil como pauta de actualización del salario -en el caso, Supervisor Principal, activi- dad con alto de grado de responsabilidad laboral y personal a cargo, fuera de convenio de Edenor, habiendo obtenido el beneficio bajo la vigencia la ley 18.037-, a fin de determinar el tope en cuestión. En tal inteligencia, deberá esti- marse cuantos salarios mínimos representa el último salario. Obtenido ese resul- tado, se debe proyectar esa relación en todos los meses a liquidar, aplicando la tasa de sustitución reconocida en el art. 49 de la ley 18.037.
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 53857/2007 Sentencia definitiva 31.10.2019
 
“SACCULLO BENEDICTO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Lucas - Pérez Tognola)
 

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Movilidad. Ley 27.426. Índices elegidos por el legislador.
 
Corresponde confirmar la resolución de la A.N.Se.S. que toma como base el mé- todo indicado en la ley 27.426 y concordantes, pues con el dictado de la ley
 
27.426 el Congreso reasumió la potestad de fijar los indicadores que fueron pos- teriormente ratificados por ley 27.609, de modo que no cabe extender, sin más, la aplicación del precedente Elliff, sin efectuar el control jurisdiccional de la normati- va a fin de asegurar la fundamental razonabilidad de esos actos e impedir que, por medio de ellos, se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal (Fallos 293:551; 303:1155 y 308:1848); ya que en tales condiciones los índices elegidos por el legislador –índice Nivel General de las Remuneracio- nes (INGR) hasta el 31 de marzo de 1995, luego del índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) hasta el 30 de junio de 2008, desde allí las equivalentes a las movilidades establecidas en la ley
 
26.417 hasta la sanción de la ley 27.426, y a partir del 1º de marzo el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)-, dan adecuada respuesta en el caso, por cuanto no surgen periodos sin actualización y en su construcción se tuvieron en cuenta indicadores de alcance general que, prima facie valorados, no se presentan irrazonables ni arbitrarios.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 99746/2019 Sentencia definitiva
 
23.06.2023
 
“FIGON SERGIO ARIEL c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”
 
(Strasser – Russo)

 
JUBILACION Y RETIRO POR INVALIDEZ
 
 
                     
    
JUBILACION POR INVALIDEZ. Incapacidad. Ley 24.241, art. 48. Porcentaje inferior al legal. Derecho al beneficio.
Tradicionalmente, el derecho sentencial tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como de esta Excma. Cámara, escindía los conceptos de incapacidad laboral y de invalidez física (así, en “Fallos”: 286:93), sobre la base de una lectura amplia del art. 33 de la ley 18.037 y 20 “in fine” de la ley 18.038, obviando una interpretación rígida del umbral de 66 por ciento. Este horizonte cambió desde el punto de vista legislativo con la interdicción del art. 48 inciso a) “in fine”, en cuan- to excluye a las incapacidades “sociales o de ganancia” (ver Carnota, Walter F., “La doctrina de la incapacidad de ganancia frente a la reforma previsional (ley 24.241)”, en “Anales del XII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Buenos Aires, abril de 1994, t. III, p. 339).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 63/2019 Sentencia definitiva 06.10.2022
 
“LAVENA, GUSTAVO OSCAR c/ A.N.Se.S. s/ Retiro por invalidez (Art. 49, p.4. Ley 24.241)”
 
(Carnota – Dorado - Fantini)
 
 
JUBILACION POR INVALIDEZ. Incapacidad. Porcentaje inferior al legal. Dere- cho al beneficio.
 
En atención al porcentaje evidenciado de 65,18 % en autos, fijado por la C.M.C., la gravedad de las dolencias de la parte actora y la necesidad de una adecuada ponderación judicial para resolver la litis, la aplicación mecánica del requisito del 66 % privaría irrazonablemente al peticionante de un beneficio de carácter ali- mentario sin razonabilidad suficiente. En un todo de acuerdo con lo establecido por la C.S.J.N. que solamente aportando nuevas razones pueden los jueces infe- riores apartarse de su línea de precedentes (conf. Sagüés, Néstor P., “Compen- dio de Derecho Procesal Constitucional”, Buenos Aires, Astrea, 2018, p. 80), es en esa inteligencia que en las muy particulares circunstancias de la causa bajo juzgamiento, una aplicación mecánica del art. 48 o del antecedente “Sosa, Raúl c/ A.N.Se.S. s/ retiro por invalidez”, sentencia del 26 de diciembre de 2017, (pu- blicada en “Fallos” 340:2021), conducirían a un resultado desproporcionado. Por lo que corresponde declarar para el caso la inconstitucionalidad del art. 48 inc. a) de la ley 24.241 por palmaria irrazonabilidad.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 63/2019 Sentencia definitiva 06.10.2022
 
“LAVENA, GUSTAVO OSCAR c/ A.N.Se.S. s/ Retiro por invalidez (Art. 49, p.4. Ley 24.241)”
 
(Carnota – Dorado - Fantini)
 
 
 
 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES
 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. Prosecretario administrativo. Contratados. Suplentes. Interinos. Asimilación al cargo efectivo. Aportes. Recepción. Conducta jurídicamente relevante. Ley 24.018. Vigencia.
 
Toda vez que la propia ley 24.018 modificada por ley 27.546 no hace distingos entre un cargo efectivo y un interino y, que tampoco existen diferencias en cuanto a funciones, remuneraciones y aportes jubilatorios, considero que el tiempo que se revistió la actora como Prosecretaria Administrativa interina debe computarse de igual manera que el que lo hizo en forma efectiva, a los efectos de obtener su beneficio jubilatorio por tanto resulta inaplicable el punto el punto 2 inciso c) del Anexo I de la Res. S.S.S. 10/20.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 18996/2020 Sentencia definitiva 19.09.2022
 
“REY GOMEZ MONICA GUILLERMINA c/ A.N.Se.S. s/ Acción meramente decla- rativa”
 
(Fantini-Dorado)
 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. Jefe de Despacho de Prime- ra. Renuncia condicionada. Consolidación del derecho. Ley 24.018. Improcedencia.
 
La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la renuncia condicionada equivale a la cesación de servicios a los fines previsionales y que la fecha en que fue presentada establece con carácter definitivo la situación del agente jubilado (Confr. Fallos: 291:181; 294:187, entre otros). Por ende corresponde rechazar la demanda incoada a efectos de que se transforme el beneficio de la demandante PBU-PC-PAP Ley 24.241 al de la Ley 24018 pues la actora consolidó su situa- ción previsional al presentar su renuncia, situación ésta que motivó que el orga- nismo previsional le acordara el beneficio en los términos previstos por la ley
 
24.241 toda vez que fue interpuesta con posterioridad al dictado de la Acordada Nº 20/12 de la C.S.J.N. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Carnota al que adhiere la Dra. Dorado. El Dr. Fantini votó en disidencia).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 81803/2018 Sentencia definitiva 27.02.2023
 
“HERMELO ZULEMA MARIA c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias” (Carnota – Fantini – Dorado)
 
 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. Jefe de Despacho de Ley 24.018. Res. 196/06 del Consejo de la Magistratura. Encuadre normativo. Ley 27.546.
 
La relectura y actual contextualización de la Ac. C.S.J.N. N° 20/2012, con poste- rioridad a la ley 27.546, obsta a que la aludida acordada se erija en el único ar- gumento válido para impedir la transformación del beneficio que percibe la acto- ra. Por ello, haciendo uso de una interpretación sistemática, considerando el ple- xo normativo como un todo coherente y parte de una estructura armónicamente analizada en su conjunto, sumado a los preceptos legales en conflicto, me lleva a superar la antinomia literal que ambos textos presentan, tentando a una interpre- tación gramatical y taxativa de la primera disposición en el tiempo, lo que condu- ciría a una solución disvaliosa a los derechos alimentarios en juego. Pues admitir la solución adversa a la pretensión se podría poner en riesgo la garantía de igualdad, la cual solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, situación que encuentro corroborada en el caso de marras, toda vez que no exis- tiendo diferencias funcionales en las tareas prestadas por un agente que se haya desempeñado en el cargo de “jefe de despacho” con la misma cantidad de años de servicios que la actora -en el caso 47 años- pero con la diferencia de haber reunido los requisitos en un segmento temporal distinto –como seria a partir de la sanción de la ley 27.546- tendría un encuadre normativo distinto con acceso a un régimen disímil y presumiblemente más beneficioso que la misma. (Disidencia del Dr. Fantini)
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 81803/2018 Sentencia definitiva 27.02.2023
 
“HERMELO ZULEMA MARIA c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias” (Carnota – Fantini – Dorado)

 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. Jefe de Despacho de Prime- ra. Renuncia condicionada. Consolidación del derecho. Ley 24.018. Improcedencia.
 
No corresponde incorporar a la actora en el régimen de la ley 24.018 si consolidó su situación previsional al presentar su renuncia, esto es, con posterioridad al dictado de la Acordada Nº 20/12 de la C.S.J.N, que declaro la invalidez de la re- solución 196/06 del consejo de la magistratura y mantuvo los cargos que integran el escalafón del poder judicial de la nación aprobado por AC 9/2005 con las de- nominaciones allí consignadas, entendiendo -entre otras cuestiones- que no existe equivalencia de funciones entre los prosecretarios administrativos y los jefes de despacho que torne valida su equiparación, resolviendo de este modo mante- ner el cargo de “jefe de despacho” en el encuadramiento efectuado en el anexo 2, el cual no está alcanzado por la ley 24.018. (Del voto de la mayoría. Argumento de la Dr. Dorado).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 81803/2018 Sentencia definitiva 27.02.2023
 
“HERMELO ZULEMA MARIA c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias” (Carnota – Fantini – Dorado)

 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. Ley 24.018. Alcance. Aplicación.
 
La ley 24.018 comprende, además de los magistrados y funcionarios, a aquellas personas que colaboraron con el magistrado en el ejercicio de diversas tareas propias de la jurisdicción, así tanto en el ámbito administrativo del poder judicial como auxiliares de la justicia. Ello en atención a que es innegable que los agen- tes mencionados coadyuvan con aquellos que desempeñan la magistratura, en un contexto amplio de delegación, a fin de brindar el servicio de justicia con la máxima eficacia posible. (Del voto del Dr. Fantini en minoría)
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 13944/2019 Sentencia definitiva 30.03.2023
 
“BENAVIDEZ ANA MARIA c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias” (Fantini – Dorado – Carnota)
 
 
 
 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. Jefe de despacho. Ley
 
24.018. Res. 196/06 del Consejo de la Magistratura. Encuadre normativo. Ley 27.546.
 
La aplicación extensiva de las leyes jubilatorias es procedente, si guarda clara armonía con la finalidad de todo el régimen, que –cabe aclarar- no fue otra que terminar incluyendo en el mismo a quienes ostentan idéntico cargo al desempe- ñado por la actora en el caso “Jefe de despacho”. Por ello, entiendo que la verifi- cación de esta hipótesis debe hacerse a la luz de la normativa actual vigente, sin que ello implique una indebida sustitución de las funciones de la Excma. Corte Suprema, sino que resulta de una pauta hermenéutica valida, máxime si se tiene en cuenta que el legislador ha incorporado el cargo que desempeñó la actora al anexo I de la ley 24.018. Por lo que admitir la solución adversa a la pretensión, se podría poner en riesgo la garantía de igualdad, la cual solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, situación que encuentro corroborada en el caso de marras, toda vez que no existiendo diferencias funcionales en las tareas prestadas por un agente que se haya desempeñado en el cargo de “Jefe de Des- pacho” con la misma cantidad de años de servicios que la actora (35 años), pero con la diferencia de haber reunido los requisitos en un segmento temporal distinto –como seria a partir de la sanción de la ley 27.546- tendría un encuadre normati- vo distinto con acceso a un régimen disímil y, presumiblemente, más beneficioso que la actora. (Del voto del Dr. Fantini en minoría)
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 13944/2019 Sentencia definitiva 30.03.2023
 
“BENAVIDEZ ANA MARIA c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias” (Fantini – Dorado – Carnota)
 
 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. Competencia. Res. MTSS 437/2020, art. 4. Res. Consejo de la Magistratura 93/2020, art. 5.
 
Corresponde declarar la competencia de la Justicia Federal de la Seguridad So- cial para que entienda en una acción que tiene como objeto que se declare la inconstitucionalidad del art. 4º de la Resolución 437/2020 del Ministerio de Traba- jo, Empleo y Seguridad Social y la inaplicabilidad del art. 5º de la Resolución 93/2020 del Consejo de Magistratura de la C.A.B.A., articulada por un Oficial de Justicia (cargo equiparable a Prosecretaria Administrativa) de la Oficina de Man- damiento de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, debido que ha sido excluida del régimen de la ley 24.018 a partir de la implementación de las referidas normas.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 11904/2020
 
Sentencia interlocutoria 27.05.2022
 
“MIRANDE, MARIA LUCIA c/ A.N.Se.S. s/ Medidas cautelares” (Strasser – Russo)
 
 
 
Concubina
PENSION
 
PENSION. Concubina. Convivencia Interrumpida. Violencia de género. Malos tratos. Procedencia. Arts. 432 y 433 CCyCN. la Convención de “Belem do Para”. Conforme el art. 432 del C.C. y C.N., los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho y que el art. 433 en su párrafo final, establece que el derecho alimentario cesa si el cónyuge alimentado inicia una relación convivencial o incurre en una causal de indignidad. Máxime aún, cuando tampoco rebate los fundamentos relacionados a los mandatos constitu- cionales y legales referidos a la obligación del Estado argentino de condenar to- das las formas de violencia contra la mujer y de adoptar, por todos los medios apropiados -legislativos, judiciales y administrativos incluidos- y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, de acuerdo con la Convención de “Belem do Para” aprobada por el Congreso de la Nación por ley 24.632 y que, como tratado internacional, goza entre nosotros de jerar- quía superior a las leyes con arreglo al art. 75 inc. 22 CN. Su artículo 3 reconoce con claridad el derecho de toda mujer “a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 73354/2018 Sentencia definitiva 12.10.2021
 
“LUNA DELICIA RAMONA c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones” (Fantini - Carnota)
 
 
Hijos
 
PENSION. Hijos. Hija divorciada. Incapacitada contemporánea al fallecimiento del causante. Inclusión. Ley 24.241, 53. Procedencia.
 
Corresponde otorgar la pensión derivada, en el marco legal estipulado por el art. 53 de la ley 24.241, debiéndose reconocer el derecho a percibir el beneficio de pensión allí previsto. Más allá de que la accionante se encuentre divorciada, es- taba afiliada a PAMI como hija discapacitada divorciada, como también que la incapacidad del 70% informada por la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo resulta contemporánea a la fecha de fallecimiento del causante (su padre).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 13091/2020 Sentencia definitiva 13.10.2021
 
“MORALES PATRICIA SILVIA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Fantini - Carnota)

 
PENSION. Hijos. Hija discapacitada. Elevado grado de invalidez. Duda a favor del beneficiario.
 
Corresponde otorgar la pensión en su carácter de hija discapacitada de su ma- dre, pues la elevada invalidez que aqueja a la actora y el hecho de que, durante algún año haya efectuado aportes jubilatorios, máxime si evidencia que éstos los ha efectuado por pequeñas labores cumplida con base en una escasa capacidad residual, ha de considerarse, que en casos, resulta válido emplear, como pauta interpretativa, el principio que establece que en caso de duda, ha de estarse en favor de la solución que favorezca al beneficiario.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Sentencia Definitiva Expte. 74590/2014 14.02.2020
 
“MARTINEZ MONICA ALEJANDRA c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias” (Laclau – Fasciolo - Milano)
 
 
 
 
Viuda
 
PENSION. Viuda. Acumulación de prestaciones. Procedencia. Haber máximo. Inaplicabilidad al caso de autos del art.79 de la ley 18.037
 
Lo pretendido por el organismo previsional en cuanto a la aplicación del artículo 9 de la ley 24.463 privaría a la peticionante de la percepción íntegra de las presta- ciones, circunstancia que se traduce –prima facie- en una afectación grave a su derecho previsional, pues la normativa mencionada establece un tope máximo para cada beneficio considerado en forma individual, pero nada hace suponer que dicha norma deba aplicarse a la sumatoria de dos prestaciones distintas. La actitud de la Administración de pretender aplicar las disposiciones del art. 79 de la ley 18.037 al momento de dar cumplimiento con una sentencia pasada en au- toridad de cosa juzgada, sin haber opuesto tal extremo al contestar la demanda permitiendo su discusión previa a la resolución del caso, resulta un artilugio que no busca más que sustraerse de sus obligaciones.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 15908/2011 Sentencia interlocutoria
 
07.09.2022
 
“PERL CATALINA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”
 
(Dorado – Fantini – Carnota)
 

PRESTACIONES
 
 
                     
    
PRESTACIONES. Ex trabajadores de Luz y Fuerza. Reajuste de haberes. Reso- lución MTESS 268/90. Ejecución de sentencia. Opción.
Si el actor incumplió el requisito exigido por la cláusula 1° del Convenio firmado el 31.01.90 ratificado por resolución MTESS n° 268/09, artículo 7°, o sea el desisti- miento de todo reclamo administrativo y/o judicial, como así también de reajustes de haberes, pues al ser diferentes las pautas de ajuste empleados respecto de los incluidos en la normativa atinente a Luz y Fuerza, de los señalados en la ley general el ejecutante deberá optar entre la percepción de la movilidad que se acuerda en dicho convenio o la que surge de la sentencia cuya ejecución persi- gue, por lo tanto se deben devolver las actuaciones al juzgado de origen para que el actor ejerza su legítimo derecho a optar por continuar con el trámite de las presentes actuaciones continuar percibiendo los beneficios del Convenio cele- brado entre la Secretaria de Seguridad Social y la Federación Argentina de los trabajadores de Luz y Fuerza de la Capital Federal que importan el desistimiento del presente proceso.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 46128/2010 Sentencia interlocutoria 03.10.2022
 
“BURIA MARIO SANTIAGO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Dorado – Fantini – Carnota)

 
Acumulación
 
PRESTACIONES. Acumulación. Jubilación ordinaria y pensión. Tope máximo. Ley 18.037, art. 79. Inconstitucionalidad.
 
Si los beneficios de la actora encuentran su origen en distintas causas, - jubila- ción y pensión - la pretensión de aplicar el tope del art. 9 de la Ley 24.463, resulta a todas luces irrazonable e improcedente. Por lo que en atención que en el caso la aplicación del tope determinaría la privación sustancial de parte de uno de los beneficios a los que la actora tiene derecho, por lo que corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 79 de la ley 18.037.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 71278/2019
 
 
Sentencia definitiva 22.03.2022
 
“CANO JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ Inconstitucionalidades varias” (Carnota – Fantini - Dorado)
 

No contributivas
 
 
                     
    
PRESTACIONES. No contributivas. Pensión graciable. Extranjeros. Inmigrante legalmente radicado en el país. Fallo CSJN “Reyes Aguilera”.
La claridad conceptual sentada por el Alto Tribunal en la causa “Reyes Aguilera” y en coherencia con la doctrina allí establecida, no puede argüirse requisitos for- males, como forma de frustrar derechos asegurados desde la Constitución Na- cional, máxime y en atención a las claras necesidades de naturaleza previsional relatadas y padecidas por el titular de autos, (en el caso las circunstancias fácti- cas padecidas por el titular de autos son incapacidad del 74%, padre de cuatro hijos, alquiler de vivienda, incapacidad que le impide seguir siendo sostén eco- nómico de su familia), máxime que desde su condición de inmigrante legalmente radicado en el país, deben ser atendidas y resueltas a fin de no desvirtuar los derechos constitucionales asegurados.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 39218/2011 Sentencia definitiva 158790
 
09.06.2014
 
"FERNANDEZ MACHACA JUDY VLADIMIR c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Desarrollo s/Amparos y sumarísimos".
 
(Herrero – Dorado - Fernández)
 
 
Solicitud del beneficio
 
PRESTACIONES. Solicitud del beneficio. Regularización de deuda. Ley 26.970. Presupuestos. Moratoria. Plan de pagos. Extrema vulnerabilidad socio- económica.
 
El magro ingreso que percibe la actora como pensión, no puede constituirse en un impedimento para acogerse a la moratoria prevista por la Ley 26.970 y obte- ner, en su caso, el beneficio jubilatorio que pretende si se dan el resto de los re- caudos para ello. Sostener lo contrario se da de bruces con la pretensión del legislador de habilitar al organismo previsional a utilizar parámetros o criterios obje- tivos a la hora de resolver la admisibilidad de ingreso a un plan de regularización previo a determinar la procedencia del derecho a la prestación previsional pre- tendida. Va de suyo que ratificar esta limitación en situaciones como la de la accionante, implica alterar el sentido esencial de la norma, que es precisamente permitir la obtención del beneficio a personas en condición de vulnerabilidad. (Del voto del Dr. Fantini al que adhiere la Dra. Dorado) C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 21539/2021 Sentencia interlocutoria 10.06.2022
 
“MEDINA MARIA INES c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Fantini – Dorado - Carnota)
 
 
PRESTACIONES. Solicitud del beneficio. Regularización de deuda. Ley 26.970. Presupuestos. Moratoria. Plan de pagos. Extrema vulnerabilidad socio- económica.
 
Considero que, impedir a la actora acogerse a la moratoria prevista por la Ley 26.970 por poseer una pensión -contributiva- que excede de la mínima y que evi- dencia a su respecto una vulnerable situación socioeconómica que dicha limitación de la norma deviene inoponible e inconstitucional en el caso concreto. (Del voto del Dr. Fantini al que adhiere la Dra. Dorado).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 21539/2021 Sentencia interlocutoria 10.06.2022
 
“MEDINA MARIA INES c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Fantini – Dorado - Carnota)
 
 
PRESTACIONES. Solicitud del beneficio. Regularización de deuda. Ley 26.970. Presupuestos. Moratoria. Plan de pagos. Extrema vulnerabilidad socio- económica.
 
En las excepcionales circunstancias del caso de autos, al aunarse tres vulnerabilidades -condición de mujer, ancianidad y discapacidad-, la misma se convierte en “vital” (ver CSJN, Fallos: 342:411, consid. 17, Carnota, Walter F, y De Venezia., Lucas “Desmitificaciones de la Vulnerabilidad”, LL del 28 de abril de 2022, p.2, punto IV). Dentro de este peculiar contexto, adhiero a la solución pro- piciada por el Dr. Fantini en cuanto desplaza a la pauta del art.9 de la ley 26.970, máxime si se toma el caso -referido, como señala, a una exigua pensión- con perspectiva de género, tal como lo ha hecho esta Sala en su actual composición en otras oportunidades (“Reynoso, Alicia Mabel”, sentencia del 6 de mayo de 2021; “Luna, Delicia”, sentencia del 12 de octubre de 2021). (De voto del Dr. Car- nota, que adhiere al voto del Dr. Fantini).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 21539/2021 Sentencia interlocutoria 10.06.2022
 
“MEDINA MARIA INES c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Fantini – Dorado - Carnota)
 
 
RENTA VITALICIA PREVISIONAL
 
RENTA VITALICIA PREVISIONAL. Haber mínimo garantizado. Tratados inter- nacionales. Procedencia. Ley 24.241, art. 125. S.I.P.A.
 
La omisión de actualizar el haber de la actora, de acuerdo a las pautas estableci- das oportunamente, evidencia un manifiesto desprecio por los derechos de las personas mayores consagrados en diversos instrumentos internacionales tales como: la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, incor- porada a partir de la reforma constitucional de 1994 a nuestra Carta Magna, la cual en su art. XVI establece que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, preveniente de cualquier otro causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medio de subsistencia”. Y, asimismo, la “Convención Interamericana sobre La Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, aprobada por ley 27.360 el 31 de mayo de 2017 y entrada en vigor en fecha 22 de noviembre de 2017, la que en el art. 4 determina que: “Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la pre- sente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin: Adoptarán medi- das para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presen- te Convención, tales como aislamiento, abandono”.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 50875/2010
 
 
Sentencia definitiva 10.10.2022
 
“BERARDI CECILIA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Dorado – Fantini)
 
 
RENTA VITALICIA PREVISIONAL. Haber mínimo garantizado. Formalidades procesales. Facultades y deberes del Juez. Procedencia. Ley 24.241, art. 125. SIPA.
 
No puede el juez quedar atrapado en formalidades procesales “so pena” de con- validar la consumación de una injusticia. Ahí es donde el magistrado debe recor- dar las palabras del maestro Eduardo Couture: “Lucha por el derecho, pero cuando tengas que optar entre el derecho y la justicia, elige la justicia”
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 50875/2010 Sentencia definitiva 10.10.2022
 
“BERARDI CECILIA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Dorado – Fantini)
 

RENTA VITALICIA PREVISIONAL. Haber mínimo garantizado. Medida cautelar. Procedencia. Ley 24.241, art. 125. S.I.P.A.
 
Atento a la edad (83 años) con que cuenta el actor, no puede esperar el tiempo que deriva del trámite de la ejecución de sentencia para ver resuelto su acceso a una prestación previsional básica como es el haber previsional mínimo, por lo tanto se evidencia la configuración de los recaudos previstos por el Código de Ritual para conceder la medida cautelar pretendida, por lo que sin perjuicio de la continuidad de la ejecución que deberá encarar la parte actora y el resultado que de ello se derive, corresponde hacer lugar a la medida, acotando la misma a que se le ordene al organismo abonar a la accionante el haber mínimo garantizado previsto en el art. 125 de la ley 24.241, hasta tanto se determine el haber que corresponde abonarle conforme la sentencia recaída en la presente causa.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 50875/2010 Sentencia definitiva 10.10.2022
 
“BERARDI CECILIA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Dorado – Fantini)
 

RENTA VITIALICIA PREVISIONAL. Adicional por zona austral. Ley 19.485 art. 1. Circular A.N.Se.S. - Prev. 11-23- (punto 15.5.) Procedencia.
 
La ley 26.425 instauró un régimen unificado que brinda idéntico tratamiento a todos los beneficiarios del régimen previsional general, incluidos los de capitali- zación, a quienes les garantiza la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozaban a la fecha de su entrada en vigencia y, no proce- de excluir a ese colectivo del cobro del adicional por zona austral creado por el art. 1 de la ley 19.485 (extendido a partir de la ley 23.675 también a titulares de beneficios no contributivos). La exclusión de ese adicional en los casos de pres- taciones previsionales liquidadas bajo la modalidad de RVP dispuesta por la Cir- cular A.N.Se.S. –Prev 11-23- (punto 15.5.) deviene contraria al espíritu de las leyes 19.485, 23.675 y 26.425, por lo que corresponde declarar su inaplicabilidad. (En igual sentido esta Sala en sentencia de fecha 23.12.21, Expte. 97087/19, “Rodríguez Terceros Agustina c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos”).
 
C.F.S.S., Sala III Expte. 148595/2018
 
 
Sentencia interlocutoria 16.02.2023
 
“PACHETTI MIGUEL ANGEL c/ ANSES s/AMPAROS Y SUMARISIMOS”
 
(Strasser – Russo)
 

SEGURIDAD SOCIAL -EN GENERAL-
 
SEGURIDAD SOCIAL -EN GENERAL-. Leyes previsionales. “Colectivo vulnerable”. Art. 75, inc. 23 de la CN.
 
Corresponde al legislador dar respuestas especiales y diferenciadas para asegu- rarle al “colectivo vulnerable” (art. 75, inc. 23 de la C.N.) conformado por los be- neficiarios de prestaciones previsionales que atienden a las contingencias de vejez, invalidez y muerte que obligan a quienes la padecen a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida, el goce pleno y efectivo de todos sus derechos, sin apartar al sistema tributario del resto del ordenamiento jurídico, siendo insuficiente para ello la sola consideración de su capacidad contributiva frente al gravamen, como acontece con la legislación vi- gente.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 30190/2000 Sentencia interlocutoria 09.02.2023
 
“Incidente Nº 1 - TORNESE ARMANDO ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/ Incidente” (Strasser – Russo)
 
 
 
 
Reconocimiento
SERVICIOS
 
 
SERVICIOS. Reconocimiento. Aportes. Ley 18.037, art. 25.
 
Si bien el art. 25 de la ley 18.037 imponía al trabajador la carga de denunciar los incumplimientos en que incurriera el empleador respecto del régimen de seguri- dad social, tal disposición refiere a aquellos casos en que el trabajador tuvo efec- tivo conocimiento del incumplimiento por parte de su dador de empleo y, en esa condición adquiere el carácter de copartícipe en la violación de la ley.
 
C.F.S.S., Sala II Expte. 102525/2015
 
Sentencia definitiva 13.05.2022
 
“ORELLANA JORGE c/ A.N.Se.S. s / Prestaciones varias". (Dorado – Fantini - Carnota)
 
 
SERVICIOS. Reconocimiento. Aportes. Ley 18.037, art. 56 y 58, inc. b.
 
Aunque la A.N.Se.S. haya demostrado la falta de ingresos por el período que se cuestiona, no puede presumirse el conocimiento del peticionario de la irregulari- dad en que se encontraba la empleadora. Es al empleador a quien corresponde la obligación de afiliar a sus empleados y practicar los descuentos previsionales y depósitos correspondientes (art. 56, ley 18.037), siendo el deber de afiliación para el agente sólo subsidiario de aquella obligación (art. 58, inc. b, ley citada). Por lo tanto, la omisión o el ingreso extemporáneo de los aportes y contribucio- nes por parte de aquél, no puede afectar el derecho al cómputo de servicios y remuneraciones del trabajador.
 
C.F.S.S., Sala II
 
 
Expte. 102525/2015
 
Sentencia definitiva 13.05.2022
 
“ORELLANA JORGE c/ A.N.Se.S. s / Prestaciones varias". (Dorado – Fantini - Carnota)
 

SERVICIOS. Reconocimiento. Aportes. Relación laboral. Sentencia del fuero del Trabajo.
 
Si la relación entre el actor y -en el caso- P.A.M.I. se formalizaba –según senten- cia laboral que reconoció la relación mencionada— como locación de servicios, por lo tanto, el actor era consciente de que no se efectuaban los aportes y contri- buciones propios de un contrato de trabajo. Situación que consintió hasta culmi- nar con la extinción del vínculo, muchos años después. Por lo tanto, no puede alegar ignorancia o desconocimiento de ese hecho.
 
C.F.S.S., Sala II Expte. 102525/2015
 
Sentencia definitiva 13.05.2022
 
“ORELLANA JORGE c/ A.N.Se.S. s / Prestaciones varias". (Dorado – Fantini - Carnota)
 
 
 
 
II- PROCEDIMIENTO
 
ACCION DE AMPARO
 
ACCION DE AMPARO. Solicitud de beneficio de pensión. Hija discapacitada y divorciada. Procedencia.
 
No corresponde rechazar “in límine” la acción intentada, -en el caso de solicitud de beneficio de pensión, en su condición de hija discapacitada y divorciada- dado que el artículo 3 de la ley 16.986 exige que sea manifiestamente inadmisible el amparo para que proceda su rechazo liminar, por lo que debe condicionarse la aplicación del dispositivo utilizado por la magistrada interviniente, a la existencia de cualquier duda sobre el hecho cuestionado o la norma aplicable, teniendo en cuenta el carácter alimentario de los derechos que se peticionan.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 13091/2020 Sentencia definitiva 25.02.2021
 
“MORALES PATRICIA SILVIA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Dorado-Fantini-Carnota)
 
 
COSTAS
 
COSTAS. Acción de amparo. Imposición al organismo administrativo. Ley 16.986, art. 14.
 
La imposición de costas del art. 14 de la ley- 16.986 posee una especifica regula- ción al respecto y dispensa de la condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación del informe del art. 8 cesara el acto u omisión en que se fundó el amparo, si no aconteció dicha circunstancia en autos, ello no se encuentra motivo alguno para apartarse del principio sentado por el artículo mencionado, cfr. doc- trina sentada por la CSJN el 16.3.99 in re “De la Horra c/ A.N.Se.S.”, publicada en Rev. Trabajo y Previsión Social, junio de 1999, págs. 663 y ss.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 16357/2020 Sentencia interlocutoria 09.02.2023
 
“HERNANDEZ MAXIMILIANO c/ ANSES s/AMPAROS Y SUMARISIMOS”
 
(Strasser – Russo)
 
 
HONORARIOS
 
HONORARIOS. Fallecimiento del actor. Sucesión. Fuero de atracción.
 
El instituto del fuero de atracción solo procede respecto de las acciones donde el causante es demandado, como un modo de concentrar ante el sucesorio todos los litigios -en el caso, el cobro de los honorarios regulados- contra el extinto que pudieran afectar la universalidad de su patrimonio.
 
C.F.S.S., Sala I Expte. 103838/2009
 
Sentencia interlocutoria 03.11.2022
 
 
“PEREZ MARTIN RAMON c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Pérez Tognola – Cammarata – Piñeiro)
 
HONORARIOS. Notificación. Domicilio real del cliente. Ley 21.839, art. 62.
 
El art. 62 de la ley 21.839, vigente a la fecha de la regulación, obligaba al aboga- do -que mantiene la relación profesional con su cliente- a notificar a éste, en su domicilio real, toda resolución en materia de honorarios que suscite intereses contrapuestos entre ambos, residiendo el fundamento de dicha previsión legal, en la necesidad de evitar la indefensión de la parte, que podría producirse si se con- firiera validez a la notificación cursada en el domicilio constituido, ya que normal- mente éste es el domicilio del letrado con el que tiene intereses encontrados (Fa- llos: 318:1263 y 325:344) (así, Expte.11792/04, "Boarini Sergio Adrián -Inc De Ejec De Sent c/ PEN Dtos 1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986" sent. del 25.10.05, Cam.Nac.Cont.Adm.Fed., Sala I).
 
C.F.S.S., Sala I Expte. 103838/2009
 
Sentencia interlocutoria 03.11.2022
 
“PEREZ MARTIN RAMON c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Pérez Tognola – Cammarata – Piñeiro)
 

HONORARIOS. Fallecimiento del actor. Sucesión.
 
“1- El fallecimiento del deudor conlleva que el proceso por el cobro de honorarios de su letrado se desplace oficiosamente al juzgado en el que tramita su sucesión, debido al fuero de atracción que ejerce y que resulta de orden público. 2- esta solución no cambia con el actual art. 2336 del Código Civil y Comercial, ya que, si bien no se mencionan expresamente las acciones personales contra el causante, los litigios que tengan lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia deben tramitar ante el juez del sucesorio y dentro del trámite de liquida- ción es indudable que se encuentra el pago a los acreedores. Por lo tanto, el fue- ro de atracción se impone como lo indica el art 3284, inc 4° del código civil.” (así, Sala K de la C.Nac.Ape. en lo Civil, en K037566 “Q.D.V., M.M.S. c/ Ensenada SA Cons. Industrial y otros s/ Ejecución Hipotecaria”, sent. del 17.12.15).
 
C.F.S.S., Sala I Expte. 103838/2009
 
Sentencia interlocutoria 03.11.2022
 
“PEREZ MARTIN RAMON c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Pérez Tognola – Cammarata – Piñeiro)
 

HONORARIOS. Fallecimiento del actor. Derecho del letrado a continuar por de- recho propio el trámite.
 
Cabe reconocerle a la letrada el derecho a continuar por derecho propio el trámi- te al solo efecto de practicar liquidación para poder contar con una suma líquida sobre la cual determinar sus honorarios y, una vez que éstos se encuentren fir- mes notificar la liquidación que se apruebe en autos a los posibles herederos del causante.
 
C.F.S.S., Sala I Expte. 103838/2009
 
Sentencia interlocutoria 03.11.2022
 
“PEREZ MARTIN RAMON c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (Pérez Tognola – Cammarata – Piñeiro)
 
 
 
 
HONORARIOS. Ejecución fiscal. Apelación. Procedencia.
 
En atención al recurso de apelación de la dirección letrada de la parte actora concedido en los términos del art 244, 2° pfo del CPCCN, esta Sala ha adoptado el criterio expuesto por el alto tribunal en autos “Vidal de Docampo Clara Aurora s/ Ejecución Fiscal-inc. de ejecución de honorarios” y sus citas, febrero 14 de 2006 -v. Ed. 16.03.06-, respecto del ingreso al análisis de las apelaciones en ma- teria de honorarios en ejecuciones fiscales (cfr. entre otros, sent. Interlocutoria 66769 del 28.04.06 en la causa “O.S. Pers. de Farmacia c/ Farmacia Flacen
 
S.C.S s/ Incidente). C.F.S.S., Sala I Expte. 2894/2015
 
Sentencia interlocutoria 10.11.2022
 
“MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL c/ Sualet María
 
Fernanda s/ Ejecución Fiscal Ministerio de Trabajo” (Pérez Tognola-Piñeiro)
 

HONORARIOS. Principio de especialidad. Representación en juicio de la AFIP.
 
El principio de especialidad se constituye en la única matriz jurídica en la cual debe moldearse la decisión en todo tipo de conflictos de competencia por razón de la materia. No es ajeno a esta materia lo atinente al régimen previsional apli- cable a los honorarios devengados por la representación en juicio de la A.F.I.P. por su actuación ante los Tribunales con asiento en la Provincia de Buenos Aires.
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 14780/2022 Sentencia interlocutoria 05.05.2023
 
“ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS c/ Caja de Previsión
 
social para abogados de la Prov. de Buenos Aires” s/ Acción Meramente declara- tiva”
 
(Carnota – Dorado – Fantini)
 

 
OBRAS SOCIALES
 
OBRAS SOCIALES. Aportes. Repetición. Devolución. Prescripción.
 
Ante la falta de previsión expresa del plazo de prescripción para solicitar devolu- ciones en concepto de recursos de la seguridad social, resulta razonable – siguiendo el derrotero legislativo contemplado en la ley 11.683- aplicar el plazo de diez años vigente en la materia de tales recursos, tanto a la acción que puede ejercer el destinatario de los aportes tendiendo a su cobro, como aquella que puede ejercer el contribuyente en el supuesto de devolución y/o repetición.
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 25471/2018 Sentencia definitiva 03.03.2023
 
“LAMATTINA FACUNDO RUBEN Y OTRO c/ I.N.S.J. y P s/ Acción de repetición” Cammarata – Piñeiro
 
 
 
 
OBRAS SOCIALES. Cobro de pesos. Vía procesal ordinaria. Procedencia.
 
En el marco de la acción por el cobro de pesos en los términos de la ley 23.660, cabe remarcar que la actora puede escoger la vía procesal que considere, en el caso ordinaria, a los efectos de articular el reclamo mediante un proceso que permita mayor amplitud como resulta ser el proceso de conocimiento pleno.
 
C.F.S.S., Sala I
 
Expte. 5877/2021 Sentencia interlocutoria 16.09.2022
 
“O.S. PERS.GRAFICO c/ CTP Producciones SRL y otro s/ Cobro de pesos” (Pérez Tognola – Cammarata – Piñeiro)
 
 
RECURSOS
 
Extraordinario
 
RECURSOS. Extraordinario. agravios relativos a los honorarios. Improcedencia. Los agravios relativos a los honorarios no constituyen materia de recurso extra- ordinario que contempla el art. 14 de la ley 48. Lo atinente a las bases compu- tables para la regulación de honorarios constituye materia extraña a la instancia extraordinaria, criterio del que no cabe apartarse en el caso en que el recurrente solo expresa una postura diferente a la admitida por las normas arancelarias apli- cables (CSJN “Paladini Rodolfo A. c/ Banco Comercial de La Plata ,870212, P 550; Lamandia, Roberto Félix c/ Secretaría de Comunicaciones de la Nación 920610 L 43).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 32427/2006 Sentencia interlocutoria 13.10.2021
 
“MORESI CESAR ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de De- fensa - I.A.F. s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” (Dorado-Piñeiro-Zenobi)
 
 
RECURSOS. Extraordinario. agravios relativos a los honorarios. Procedencia. Corresponde otorgar el Recurso extraordinario interpuesto, pues únicamente pueden admitirse los agravios relativos a los honorarios cuando en la regulación de los mismos, la cantidad resultante se aparta de la realidad económica de los intereses debatidos en el pleito, con menoscabo de la garantía de la propiedad consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional (S.J.N., Martínez Atilio Da- niel c/ ATC Canal 7 TV LS s/ Daños y perjuicios 890991).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 32427/2006 Sentencia interlocutoria 13.10.2021
 
“MORESI CESAR ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de De- fensa - I.A.F. s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” (Dorado-Piñeiro-Zenobi)
 
 
Queja
 
 
RECURSOS. Queja por apelación denegada. Art. 283 C.P.C.C.
 
El cumplimiento de los requisitos del art. 283 del C.P.C.C. tiene por finalidad acercar elementos suficientes que permitan decidir fundadamente –en principio- sin sustanciación alguna, sobre el trámite de la queja (en igual sentido, causa 2203/02 “Avendaño Pedro c/ A.N.Se.S.”, sentencia int. 75225 del 17.05.02 de esta Sala). (Publicado en el Boletín de Jurisprudencia de la C.F.S.S. Nro. 33).
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 6479/2022 Sentencia interlocutoria 09.03.2023
 
“Recurso Queja Nº 1 - FIGUEROA HORMAZABAL, ROMINA ANDREA c/A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” (Strasser – Russo)
 
 
RECUSACION Y EXCUSACION
 
RECUSACION Y EXCUSACION. Art. 17 inc. 2 del CPCCN. Ley 24.018, art. 9 inc. b (t.o. ley 27.546). Cese definitivo en el cargo.
Cuestionándose en autos la validez del art. 9 inc. b) de la ley 24.018 (t.o. ley 27.546), en cuanto introduce el requisito del cese definitivo en el cargo, sus ac- tuales titulares no se encuentran incursas en la causal prevista en el inciso 2 del art. 17 del CPCCN, toda vez que para que se configure dicha causal debe “tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el artículo anterior (esto es, dentro del cuarto y segundo grado respectivamente), interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigan- tes, procuradores, abogados, salvo que la sociedad fuese anónima”.
 
C.F.S.S, Sala I Expte. 24007/2022 Sentencia interlocutoria 04.10.2022
 
“Incidente Nº 1 - Actor: SIGUENZA GRACIELA SILVIA Demandado A.N.Se.S. s/ Incidente”
 
(Pérez Tognola – Piñeiro)
 
 
RECUSACION Y EXCUSACION. Art. 17 inc. 2 del CPCCN. Recusación contra “todos los jueces integrantes del Poder Judicial de la Nación”. Improcedencia.
 
Corresponde rechazar la recusación intentada contra “todos los jueces integran- tes del Poder Judicial de la Nación” la recusación está prevista para lograr la se- paración de un determinado magistrado en un caso concreto, previa comproba- ción de los recaudos especialmente establecidos para su procedencia y está diri- gida a proteger el derecho de defensa del particular pero con un alcance que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial. De modo tal que, la recusación debe ser personal, esto es dirigida a la persona física que se desempaña como juez en un caso en particular, por lo que no procede indiscrimi- nadamente contra el órgano jurisdiccional.
 
C.F.S.S, Sala I
 
Expte. 24007/2022 Sentencia interlocutoria 04.10.2022
 
 
“Incidente Nº 1 - Actor: SIGUENZA GRACIELA SILVIA Demandado A.N.Se.S. s/ Incidente”
 
(Pérez Tognola – Piñeiro)
 
 
RECUSACION Y EXCUSACION. Ley 27.546. Mecanismo de excepción.
 
Cabe destacar las consideraciones efectuadas por el Más Alto Tribunal de la Na- ción en relación a se declare la inconstitucionalidad de los arts. 9°, inc. b, de la ley 24.018 y 15 y 19 de la ley 27.546, tacha que extiende a los puntos 1, incs. a, b y d, y punto 2, inc. c, del Anexo I de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 10/20, en la causa CSS 17810/2020/CS1 “Unión de Empleados de la Jus- ticia de la Nación c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo – A.N.Se.S. s/ acción me- ramente declarativa” donde resaltó que las normas que prevén la sustitución de los jueces no están concebidas para casos que abarcan a la totalidad de los miembros de la magistratura. Por ello, ha de partirse de la base de que el instituto de la excusación es un mecanismo de excepción, y por lo tanto de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos (arts. 30 y 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), ya que su aplicación provoca el despla- zamiento de la normal competencia de los jueces. (Fallos: 345:1336).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 19159/2020 Sentencia interlocutoria 16.05.2023
 
“Incidente Nº 1 - ACTOR: FERREYRA CLAUDIA ELENA Demandado: Estado Nacional y otros s/ incidente”
 
(Fantini-Dorado-Carnota)
 
 
SANCIONES CONMINATORIAS
 
SANCIONES CONMINATORIAS. Acreencias. Carácter alimentario. Ejecución de sentencia. Demora. Astreintes.
 
Corresponde imponer una condena conminatoria de astreintes, ya que se ajusta a derecho por tratarse de una medida tendiente a vencer la voluntad del deudor contumaz pues, la demora en que incurre el organismo demandado en el cum- plimiento de la sentencia no debe pesar sobre el administrado quien posee un crédito a su favor judicialmente reconocido, máxime, teniendo en cuenta el carác- ter alimentario que reviste el derecho que se pretende resguardar, y el hecho que la actitud tomada por el ente previsional coloca al amparista en un estado de desprotección.
 
C.F.S.S., Sala III
 
Expte. 87380/2019 Sentencia interlocutoria 09.03.2023
 
“Incidente Nº 1 - Actor: LATENDORF SILVIA MABEL TERESA Demandado: A.N.Se.S. s/ Incidente”
 
(Strasser – Russo)
 
 
 
 
CORTE SUPREMA
 
JURISPRUDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA C.S.J.N.
 
(Sumarios confeccionados por la C.S.J.N.)
 

 
SUMARIO (CSJN) FALLO
 
CSS 17810/2020/CS1
 
FECHA 24.11.2022 AUTOS
 
"Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo – A.N.Se.S. s/ acción meramente declarativa"
 
 
Régimen jubilatorio de magistrados y funcionarios judiciales: excusaciones y envío del expediente
 
RESEÑA / SUMARIOS
 
 
Todos los jueces de primera instancia de los fueros de la Seguridad Social, Civil y Comercial Federal y Contencioso Administrativo Federal se excusaron de inter- venir en la causa en la que se procura despejar el estado de incertidumbre que pesaría sobre los derechos jubilatorios de los magistrados y funcionarios judicia- les y se pide que se declare la inconstitucionalidad de diversas normas de las leyes 24.018 y 27.546.
 
La Corte entendió que la temática planteada y la conducta seguida por una canti- dad importante de jueces tornaban procedente su intervención ya que la causa podría demorar excesivamente en ser sometida a conocimiento de un tribunal definitivo.
 
Expresó que las normas que prevén la sustitución de los jueces no están conce- bidas para casos que abarcan a la totalidad de los miembros de la magistratura y que el instituto de la excusación es un mecanismo de excepción, y por lo tanto de interpretación restrictiva.
 
Señaló que si bien la jubilación es una expectativa de futuro para todos los jue- ces, el posible conflicto entre los intereses personales y el deber de fallar adquie- re relevancia cuando la posibilidad de solicitar una prestación del sistema es in- minente y que este aspecto no había sido invocado en ninguna excusación.
 
Resolvió entonces rechazar las excusaciones basadas en razones de decoro y delicadeza, aceptar la excusación de la jueza que había manifestado que conti- nuaba afiliada a la entidad que promovió la demanda, lo que supone un interés adicional en el resultado del pleito, y disponer el envío del expediente al juzgado que le sigue en orden de turno.
 
 
 
 
FALLO
 
CSS 7473/2010/CS1 – CA2 FECHA
 
28.02.2023
 
AUTOS
 
"Calderón, Carlos Héctor c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios."
 
Sumario
 
Se declara parcialmente procedente el recurso extraordinario y se revoca la sen- tencia apelada con el alcance que surge del fallo “Gualtieri”.
 
 
FALLO
 
CSJ 103/2013 (49-G) /CS1 FECHA
 
11.04.2017
 
AUTOS
 
"Gualtieri, Alberto c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios".
 
Sumarios
 
PENSION - APORTES PREVISIONALES - PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD REAJUSTE JUBILATORIO - SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 
SOLIDARIDAD PREVISIONAL
 
RECURSO EXTRAORDINARIO - SENTENCIA ARBITRARIA - CUESTION FEDERAL
 
En caso de basarse el recurso extraordinario en dos fundamentos, uno de los cuales es la arbitrariedad, corresponde examinar este en primer término pues, sin perjuicio de la existencia de materia federal estricta, de constatarse tal tacha no habría en rigor, sentencia propiamente dicha.
 
HABER JUBILATORIO - JUBILACION Y PENSION
 
Si bien el conveniente nivel de una prestación jubilatoria se considera alcanzado cuando el pasivo conserva una situación patrimonial equivalente a la que hubiera tenido de continuar trabajando, la aplicación en concreto de dicha pauta no pue- de prescindir de las normas que resultan aplicables a las circunstancias compro- badas de la causa.
 
HABER JUBILATORIO - APORTES PREVISIONALES - JUBILACION Y PEN- SION
 
Corresponde revocar la sentencia que declara la inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 24.241, si el afiliado no aportó sobre la totalidad de sus ingresos estan- do en actividad ni ejerció las opciones que le hubieran permitido alcanzar la tasa de sustitución razonable.
 
APORTES PREVISIONALES - SALARIOS - JUBILACION Y PENSION
 
Permitir que el trabajador que cotizó solo por una parte de su salario de actividad en virtud del límite contenido en el art. 9° de la ley 24.241, obtenga una prestación que incluya las sumas por las que no contribuyó al sistema, constituiría un verdadero subsidio contrario a la protección del esfuerzo contributivo realizado por el conjunto de los afiliados.
 
 
 
 
AUTOS
 
CFSS, SALA II
 
12.06.2017
 
"Calderón, Carlos Héctor c/ A.N.Se.S s/ reajustes varios."
 
Sumarios Publicados en el Boletín de Jurisprudencia Nro. 64 de la CFSS.
 
HABERES PREVISIONALES. Retenciones. Impuesto a las ganancias. Ley 20.628, art. 79, inc. c) y ley 24.241 art. 115. Inconstitucionalidad. Planteo en la etapa de ejecución de sentencia.
 
En virtud que la actora introdujo el planteo de inconstitucionalidad del art. 79 inc. “c” y normas concordantes de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias en la contestación de agravios y, teniendo en cuenta que la misma ya la había introducido inicialmente en el escrito en el que inicia la etapa de ejecución de sentencia contestado por la A.N.Se.S. al momento en que opuso excepciones y, habiendo omitido la juez de grado su tratamiento. Es en el marco del art. 278 CPCCN que debe considerarse su tratamiento –el planteo de inconstitucionalidad formulado- bajo el análisis de la integralidad de los haberes previsionales,
 
-principio que se encuentra protegido en el art.14 bis de nuestra Constitución Nacional-, como cuestión fundamental de resguardo jurídico. (Del voto de la Dra. Dorado)
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 7473/2010 Sentencia interlocutoria 12.06.17
 
“CALDERON CARLOS HECTOR c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (D.-H.)
 
HABERES PREVISIONALES. Retenciones. Impuesto a las ganancias. Ley 20.628, art. 79, inc. c) y ley 24.241 art. 115. Inconstitucionalidad. Planteo en la etapa de ejecución de sentencia.
 
El Juez es quien debe velar por el cumplimiento del mandato constitucional, protegiéndola cuantía de los haberes previsionales de cualquier quita o disminución que resulte confiscatoria. Cuando exista una norma que se contraponga con tal claro principio debe ser revisada y desestimada. (cfr. esta Sala en autos “Calderale, Leonardo Gualberto C/ ANSES S/ Reajustes Varios”, Sentencia de fecha 16.05.17). (Del voto de la Dra. Dorado).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 7473/2010 Sentencia interlocutoria 12.06.17
 
“CALDERON CARLOS HECTOR c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”. (D.-H.)
 
 
HABERES PREVISIONALES. Retenciones. Impuesto a las ganancias. Ley 20.628, art. 79, inc. c) y ley 24.241 art. 115. Inconstitucionalidad. Planteo en la etapa de ejecución de sentencia.
 
Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art.79 inc c) de la Ley 20.628 (Dec.649/97) y del art.115 de la Ley 24.241, ya que los beneficios previsionales están protegidos por la garantía de integridad, proporcionalidad y sustitutividad, resulta contradictorio que sean gravados por el propio Estado con un impuesto y/o quita, ya que es el mismo Estado quien resulta responsable de velar por la vigencia y efectividad de estos principios constitucionales (C.N. art. 14 bis). La naturaleza jurídica de las prestaciones previsionales como contraprestación por el sufrimiento de una contingencia, no se asemeja ni puede equipararse con una renta o rendimiento derivada de una actividad con fines de lucro. (Del voto de la Dra. Dorado).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 7473/2010 Sentencia interlocutoria 12.06.17
 
“CALDERON CARLOS HECTOR c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (D.-H.)
 
 
 
 
HABERES PREVISIONALES. Retenciones. Impuesto a las ganancias. Ley 20.628, art. 79, inc. c) y ley 24.241 art. 115. Inconstitucionalidad. Planteo en la etapa de ejecución de sentencia.
 
Si de las constancias de pagos de haberes expedida por la A.N.Se.S, a la actora se le retiene el impuesto a las ganancias en forma mensual, se halla legitimada procesalmente para someter al escrutinio de constitucionalidad del Tribunal, el planteo de inconstitucionalidad del art. 79 inc. “c” y normas concordantes, de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, norma que impugna como violatoria de la Ley Suprema (v. Fallos 338: 1347; 339: 1223; 338: 1492, entre otros). (Del voto del Dr. Herrero).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 7473/2010 Sentencia interlocutoria 12.06.17
 
“CALDERON CARLOS HECTOR c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (D.-H.)
 
 
HABERES PREVISIONALES. Retenciones. Impuesto a las ganancias. Ley 20.628, art. 79, inc. c) y ley 24.241 art. 115. Inconstitucionalidad. Planteo en la etapa de ejecución de sentencia.
 
Si la jueza a-quo omitió pronunciarse en su resolución sobre esta pretensión –de que se declare la inconstitucional el art. 79 inc. “c” de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias- que sin ninguna dudas reviste significativa trascendencia institucional, corresponde al tribunal suplir esta omisión “citra petita” meramente formal –como cualquiera otra de similar naturaleza, frente a una petición de inconstitucionalidad que puede ser declarada aún de oficio, en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Fallos 327: 5723; 327: 3117; 324: 3219, entre otros). (Del voto del Dr. Herrero).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 7473/2010 Sentencia interlocutoria 12.06.17
 
“CALDERON CARLOS HECTOR c/ A.N.Se.S. S/ Reajustes varios” (D.-H.)
 
 
HABERES PREVISIONALES. Retenciones. Impuesto a las ganancias. Ley 20.628, art. 79, inc. c) y ley 24.241 art. 115. Inconstitucionalidad. Planteo en la etapa de ejecución de sentencia.
 
Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c de la ley 20.628 (Decreto 649/97) y del art. 115 de la Ley 24.241, si el haber previsional del actor se ve disminuido por varios topes y descuentos por el impuesto a las ganancias, los cuales afectarían los principios de proporcionalidad y sustitutividad que resguardan la integridad de su haber previsional por mandato constitucional, resulta a todas luces contradictorio reconocer que los beneficios previsionales están protegidos por la garantía de integridad, proporcionalidad y sustitutividad que consagra la Ley Suprema y a la vez tipificarlos como una renta, enriquecimiento, rendimiento o ganancia gravada por el propio Estado que es el máximo responsable de velar por la vigencia y efectividad de estos principios constitucionales (C.N. art. 14 bis), por lo tanto deviene irrazonable y carente de toda lógica jurídica, asimilar o equiparar las prestaciones de la seguridad social a rendimientos, rentas, enriquecimientos, etc. obtenidas como derivación de alguna actividad con fines de lucro de carácter empresarial, mercantil o de negocios productores de renta, que la ley tipifica con lujo de detalles en su articulado. (Del voto del Dr. Herrero).
 
C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 7473/2010 Sentencia interlocutoria 12.06.17
 
“CALDERON CARLOS HECTOR c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (D.-H.)
 
 
HABERES PREVISIONALES. Retenciones. Impuesto a las ganancias. Ley 20.628, art. 79, inc. c) y ley 24.241 art. 115. Inconstitucionalidad. Planteo en la etapa de ejecución de sentencia.
 
La ley 20.628 impugnada, –en el caso de los jubilados o pensionados alcanzados por ella- no individualiza ni determina con precisión el hecho imponible sobre el cual estos contribuyentes deberían tributar, con lo cual se viola de manera flagrante el referido principio de legalidad en materia tributaria. (Del voto del Dr. Herrero). C.F.S.S., Sala II
 
Expte. 7473/2010 Sentencia interlocutoria 12.06.17
 
“CALDERON CARLOS HECTOR c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios” (D.-H.)
 

FALLO
 
CAF 24052/2016/CA2-CS1
 
FECHA 21.06.2022 AUTOS "Gines, Juan Carlos c/ EN – M Justicia - SPF s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg."
 
Incorporación de los suplementos remunerativos al salario del Servicio Penitenciario Federal
 
 
RESEÑA
 
En un reclamo vinculado al salario de un agente del Servicio Penitenciario Fede- ral, la cámara condenó al Estado a incorporar al haber mensual del actor, como remunerativos y bonificables, los suplementos y adicionales establecidos por el decreto 243/15 bajo los códigos 210 y 230, denominados “compensación por gastos de prestación de servicios” y “compensación por gastos de representa- ción”. Disconforme, la parte demandada interpuso el recurso extraordinario. La Corte, con remisión al dictamen fiscal, confirmó la sentencia apelada. En sus considerandos, entre otros argumentos, se resaltó que la Corte tiene dicho que para que una asignación sea incluida en el concepto de sueldo, se requiere -en principio- que la norma de creación la haya otorgado a la totalidad de los militares en actividad -lo que evidencia que no es necesario cumplir con ninguna circuns- tancia específica para su otorgamiento, pues se accede a ella por la sola condi- ción de ser militar-; y excepcionalmente, en el caso en que de la norma no surja su carácter general, en la medida en que se demuestre de un modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado o de todos los gra- dos lo percibe y que importe una ruptura de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el sueldo en actividad y el haber de retiro (Fallos: 323:1048, consid 12°).
 
 
SUMARIOS
 
FUERZAS DE SEGURIDAD - REMUNERACIONES - ADICIONAL NO REMU- NERATIVO - COMPENSACION
 
Cabe confirmar la sentencia que ordenó incorporar al haber mensual del actor - suboficial del Servicio Penitenciario Federal-, como remunerativos y bonificables, los suplementos y adicionales establecidos por el decreto 243/15 denominados “compensación por gastos de prestación de servicios” y “compensación por gas- tos de representación”, pues el modo generalizado con que fueron otorgadas estas llamadas compensaciones, sin límite temporal y destinado a la totalidad del personal penitenciario en actividad (la compensación de gastos por prestación de servicio) y a la totalidad del personal superior de oficiales y de suboficiales (la compensación por gastos de representación), cuyos integrantes tampoco deben cumplir con ninguna condición o circunstancia específica para percibirlo, impone que deba reconocerse su naturaleza salarial, en tanto forma parte de la percep- ción normal, habitual y permanente y su contenido es de esencia retributiva.
 
-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
FUERZAS DE SEGURIDAD - REMUNERACIONES - ADICIONAL NO REMU- NERATIVO - COMPENSACION
 
Para que una asignación sea incluida en el concepto de sueldo, se requiere -en principio- que la norma de creación la haya otorgado a la totalidad de los militares en actividad -lo que evidencia que no es necesario cumplir con ninguna circuns- tancia específica para su otorgamiento, pues se accede a ella por la sola condi- ción de ser militar-; y excepcionalmente, en el caso en que de la norma no surja su carácter general, en la medida en que se demuestre de un modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado o de todos los gra- dos lo percibe y que importe una ruptura de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el sueldo en actividad y el haber de retiro.
 
-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
FUERZAS DE SEGURIDAD - REMUNERACIONES - ADICIONAL NO REMU- NERATIVO - COMPENSACION
 
En el marco de diferentes regímenes de retribuciones -entre ellos, el del Servicio Penitenciario Federal-, la Corte siempre ha considerado que, con prescindencia de la denominación con que haya sido otorgada una asignación, si ella alcanza a la generalidad del personal a la que está dirigida, posee indudable naturaleza remuneratoria o salarial.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
FUERZAS DE SEGURIDAD - REMUNERACIONES - ADICIONAL NO REMU- NERATIVO - COMPENSACION
 
Cabe confirmar la sentencia que ordenó incorporar al haber mensual del actor - suboficial del Servicio Penitenciario Federal-, como remunerativos y bonificables, los suplementos y adicionales establecidos por el decreto 243/15 denominados “compensación por gastos de prestación de servicios” y “compensación por gas- tos de representación”, pues la arquitectura salarial estructurada por el citado decreto y sus modificaciones no tuvo como intención compensar gastos extraor- dinarios que, por razones de servicio, debiera realizar el personal, sino otorgar en forma general una asignación que mantuviera o, en su caso, aumentara la retri- bución total mensual que venía percibiendo aquel personal en actividad.
 
-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
FUERZAS DE SEGURIDAD - REMUNERACIONES - ADICIONAL NO REMU- NERATIVO - COMPENSACION - INTERPRETACION DE LA LEY
 
Cabe confirmar la sentencia que ordenó incorporar al haber mensual del actor - suboficial del Servicio Penitenciario Federal-, como remunerativos y bonificables, los suplementos y adicionales establecidos por el decreto 243/15 denominados “compensación por gastos de prestación de servicios” y “compensación por gas- tos de representación”, pues los montos determinados para las asignaciones ci- tadas lejos de resultar sumas accesorias del haber mensual o sueldo del perso- nal alcanzado por dicha norma y sus modificatorias, constituyen una parte sus- tancial de sus remuneraciones. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
RECURSO EXTRAORDINARIO - NORMAS FEDERALES - FUERZAS DE SEGURIDAD - REMUNERACIONES - ASIGNACION NO REMUNERATIVA
 
El recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se halla en jue- go la interpretación y aplicación de normas de carácter federal (ley 17.236 –texto según ley 20.416–, decreto 243/15 y sus respectivas modificaciones y normas complementarias) y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido adversa a las pretensiones que la apelante funda en ellas. -Del dictamen de la Procura- ción General al que la Corte remite-
 
 
NORMAS FEDERALES - FACULTADES DE LA CORTE SUPREMA - INTERPRETACION DE LA LEY
 
En la tarea de establecer la inteligencia de normas de índole federal la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de las partes, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
 
 
FALLO
 
FCR 021049166/2011/CS001 FECHA
 
22.06.2023
 
 
AUTOS
 
"Morales, Blanca Azucena c/ A.N.Se.S. s/ impugnación de acto administrati- vo"
 
 
RESEÑA Y SUMARIOS
 
Costas en las causas de seguridad social
 
La cámara federal de apelaciones, al confirmar la sentencia en beneficio de la pensionada, revocó la imposición de costas por su orden y dispuso que, confor- me a lo previsto en el artículo 36 de la ley 27.423 de honorarios, las costas de- bían ser impuestas a la parte vencida. Por otra parte, declaró la inconstitucionali- dad del artículo 3 del DNU 157/2018 en cuanto había derogado el mencionado artículo de la ley de estipendios profesionales. Recurrido el fallo por el ANSES ante la Corte, ésta confirmó la inconstitucionalidad.
 
Consideró que al artículo 3 del decreto 157/2018 había sido dictado como de necesidad y urgencia pero que no se había demostrado la existencia de una si- tuación de tal gravedad o urgencia que impidiera seguir el trámite ordinario de sanción de leyes para debatir la reforma. Agregó que la mera invocación de un eventual "conflicto interpretativo" como único fundamento no resultaba suficiente para demostrar que el cambio legislativo allí establecido no podía ser implemen- tado por los cauces ordinarios previstos constitucionalmente y declaró su incons- titucionalidad. Por lo tanto – se remarca en la sentencia - si se deseaba modificar la solución adoptada por el Congreso en el artículo 36 de la ley de honorarios, debió inevitablemente ponerse en marcha el procedimiento ordinario que la Constitución establece para la sanción de una ley.
 
 
SENTENCIA ARBITRARIA - REFORMATIO IN PEJUS - EXCESO EN EL PRO- NUNCIAMIENTO - COSTAS - EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO
 
Es arbitraria e incurre en un exceso de jurisdicción la sentencia de cámara que revisó de oficio las costas determinadas en primera instancia, pues con ello incu- rrió en una reformatio in peius al modificar la condena en un punto que se encon- traba firme, y no mediaba agravio alguno referido a ello.
 
-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
COSTAS - SEGURIDAD SOCIAL - VIGENCIA DE LA LEY - INTERPRETACION DE LA LEY - HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES
 
El art. 21 de la ley 24.463 y 36 de la ley 27.423 regulan idéntica materia, por lo que no puede hablarse de la prevalencia de una sobre la otra en función de su especialidad, sino más bien de un mero cambio de criterio del legislador respecto del modo de distribución de las costas en los procesos previsionales, con el obje- to de brindar mayor protección a los beneficiarios del sistema de seguridad so- cial, por lo cual corresponde establecer que la norma que rige las costas de la alzada en el caso es el artículo 36 de la ley 27.423, pues, al momento de la sen- tencia, el citado artículo 21 de la ley 24.463 se hallaba derogado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la nueva ley de honorarios.
 
-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
COSTAS - SEGURIDAD SOCIAL - DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD - PODER EJECUTIVO NACIONAL - DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA
 
Es inconstitucional el artículo 3 del decreto 157/2018, toda vez que no se ha de- mostrado la existencia de una situación de tal gravedad o urgencia que impida seguir el trámite ordinario de sanción de leyes para debatir la reforma instrumen- tada en la norma citada, máxime teniendo en cuenta que esa norma fue dictada como de necesidad y urgencia el día 27 de febrero de 2018, cuando había sido recientemente sancionada la ley 27.423 (30 de noviembre de 2017), luego de un amplio debate llevado a cabo en el Congreso de la Nación y dicha ley, a su vez, había sido promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre de 2017, sin que en ese texto se efectuara observación alguna con respecto al artículo 36 de la nueva ley de honorarios.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
COSTAS - SEGURIDAD SOCIAL - DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD - PODER EJECUTIVO NACIONAL - DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA - CONSTITUCION NACIONAL - HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES
 
 
Es inconstitucional el artículo 3 del decreto 157/2018, pues las razones invocadas por el Poder Ejecutivo no alcanzan para habilitar el ejercicio de las potestades normativas excepcionales que prevé la Constitución, puesto que la mera invoca- ción de un eventual "conflicto interpretativo" como único fundamento del citado artículo 3 del decreto no resulta suficiente para demostrar que el cambio legislati- vo allí establecido no podía ser implementado por los cauces ordinarios previstos constitucionalmente. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
COSTAS - SEGURIDAD SOCIAL - DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD - PODER EJECUTIVO NACIONAL - FACULTADES DELEGADAS - DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA - CONSTITUCION NACIONAL - HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES
 
Es inconstitucional el artículo 3 del decreto 157/2018, pues el texto de la Consti- tución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un de- creto, por lo cual si se deseaba modificar la solución adoptada por el Congreso en el artículo 36 de la ley de honorarios -27.423-, debió inevitablemente ponerse en marcha el procedimiento ordinario que la Constitución establece para la san- ción de una ley.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA - CONSTITUCION NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL
 
Para que el Poder Ejecutivo pueda hacer uso de facultades legislativas la Constitución Nacional -además de restringir ciertas materias y disponer la debida consi- deración por parte del Poder Legislativo- exige que exista un estado de necesi- dad y urgencia y en este contexto, el Poder Judicial deberá entonces evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como manifiesta- mente inexistentes o irrazonables, en cuyo caso la facultad ejercida carecerá del sustento fáctico constitucional que lo legitima.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
INTERPRETACION DE LA LEY
 
La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
INTERPRETACION DE LA LEY
 
En la tarea de interpretación de la ley no cabe presumir que el legislador actuó con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes.-Del dictamen de la Procura- ción General al que la Corte remite-
 
 
RECURSO EXTRAORDINARIO - APARTAMIENTO DE CONSTANCIAS DE LA CAUSA - SENTENCIA ARBITRARIA - COSTAS
 
Si bien lo atinente a las costas del proceso remite al examen de cuestiones de orden procesal que resultan extrañas a la instancia del artículo 14 de la ley 48, suscita cuestión federal y justifica su descalificación cuando, con menoscabo de garantías que cuentan con amparo constitucional, lo resuelto prescinde de dar un tratamiento adecuado a la controversia, con arreglo a las constancias de la causa y las normas aplicables.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
RECURSO EXTRAORDINARIO - CUESTION FEDERAL - COSTAS - PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA - SEGURIDAD SOCIAL - HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES
 
Existe cuestión federal suficiente, respecto de las costas de la alzada, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de un decreto de necesi- dad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional -art. 3 del decreto de necesidad y urgencia 157/2018- y la decisión apelada fue contraria a su validez.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
 
 
                           

 
 
FALLOS DE CAMARAS JURISDICCIONALES.
 
DOCTRINA:
 
“DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD, de la Resolución de ANSES 56/2018
 
y de la Secretaría de la Seguridad Social 1/2018” “MAZA, ELSA c/ A.N.Se.S. s/ Reajuste Varios” CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B FMZ 12259/2022/CA1
 
01.12.2022
 
En la ciudad de Mendoza, a los días del mes de del año dos mil veintidós, reuni- dos en acuerdo los señores miembros de la Sala "B", de la Excma. Cámara Fe- deral de Apelaciones de Mendoza, Señores Doctor Manuel Alberto Pizarro, Doc- tor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios y Doctor Juan Ignacio Pérez Cursi, pro- cedieron a resolver en definitiva estos autos Nº FMZ 12259/2022/CA1, caratula- dos: “MAZA, ELSA contra ANSES s/Reajuste Varios”, venidos del Juzgado Fede- ral de San Juan, a esta Sala “B”, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, cuya parte dispositiva se tiene aquí por reproducida.
 
El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:
 
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
 
De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arts. 4º y 15º del Reglamento de esta Cámara, Previa y oportunamente se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden De estudio y votación: VOCALÍA 1, VOCALÍA 2 y VOCALÍA 3.
 
Sobre la única cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara Dr. Manuel Alberto Pizarro, dijo:
 
1).- Que contra la sentencia de fecha 08/09/2022 la demandada interpone recur- so de apelación.
 
Al momento de expresar agravios en fecha 28/09/2022, se queja en primer lugar por cuanto el Sr. juez a quo dispuso rede terminar el haber inicial conforme los precedentes ‘Elliff’, ‘Makler’ y “Volonté”, es decir que al momento de efectuar el recalculo del haber inicial se deberá proceder al ajuste de las remuneraciones tenidas en mira para el otorgamiento del beneficio con arreglo al índice que seña- la la Resolución 140/95, sin la limitación temporal referida en la norma.
 
Solicita que se deje sin efecto la aplicación del ISBIC y se establezca en su lugar la aplicación del índice combinado dispuesto en la ley nº 27.260, en el Decreto nº 807/16 y en la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social nº 6/16.
 
Reclama la aplicación del RIPTE, por considerar que provee un parámetro de reajuste equilibrado y depurado dado que refleja las variaciones promedio de las remuneraciones. A continuación marcó la omisión de limitar la movilidad de acuerdo a la doctrina del precedente “Villanustre” de la Corte Suprema de la Na- ción.
 
Sostiene que los topes establecidos en el arts. 9 de la ley 24463, han sido fijados por razones de solidaridad y equidad, con la finalidad de lograr una mejor distri- bución de los recursos con los que cuenta el sistema previsional, por lo que con- cluye que no existe violación alguna de las garantías constitucionales; motivo por el cual solicita el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad pretendida por la actora. En otro orden de ideas, se explaya acerca de la presunción de consti- tucionalidad de la ley 27.541, arts. 1 y 2 de la ley 27.426, Decretos nº 163/20 y 495/20 y 692/2020.
 
 
Manifiesta que la actora ha impugnado tales normativas por considerarlas contra- rias a la Constitución Nacional. Sin embargo, en su presentación no ha logrado desvirtuar en modo alguno la presunción de constitucionalidad de que gozan di- chas normas, conforme las pautas señaladas por nuestro más Alto Tribunal.
 
Describe los antecedentes y fundamentos de la normativa de emergencia. Así también le ofende que el Juez disponga que el retroactivo abonado a la acto- ra esté exento de la aplicación del impuesto a las ganancias.
 
Por   último   se   queja   de   la   imposición   de    costas   a    su    mandante. Cita el art. 21 de la ley 24. 463 del que a su entender el a quo se ha apartado, y jurisprudencia que estima aplicable al caso.
 
Hace reserva del caso federal.
 
2).- Corrido el traslado de rigor, pasan los autos al acuerdo.
 
3).- De las constancias de autos surge que el actor adquirió el derecho el día 20 de octubre de 2015, esto es durante la vigencia de la ley 24.241.
 
4).- Analizando los agravios de la demandada.
 
1.- En relación a sus aportes como autónomo, cabe aclarar que el método legal para la actualización de los montos de las categorías en que revistó el afiliado como trabajador autónomo es diferente a lo dispuesto para el reajuste del haber inicial de un trabajador en relación de dependencia (v. Decreto 679/95, apartado 4 de la reglamentación del art. 24 inc. c, de la Ley 24.241).
 
Respecto al recalculo del haber inicial para los aportes autónomos, el mejor mé- todo aplicable consiste en determinar, como primer paso, el haber mensual com- patible con el precepto constitucional del artículo 14, de modo que aquel repre- sente – confrontado con el haber mínimo de bolsillo vigente en igual periodo – la misma proporción que existía entre las categorías por las que se hicieron los aportes computados para el otorgamiento del beneficio, no sólo los de los últimos 15 años y el haber mínimo de bolsillo vigente al momento de la exigibilidad de cada uno de ellos …”. De lo expuesto se desprende que los lineamientos desa- rrollados (que fueron convalidados por el Alto Tribunal en el precedente “Makler”, tienen plena vigencia para la aplicación de los artículos 24 inc. b) que obliga a considerar la totalidad de las cotizaciones ingresadas y 30 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, pues conducen a establecer el valor representativo del “promedio mensual de los montos actualizados de las categorías en que revistó el afiliado” correspondientes a “todos los servicios con aportes computados” a los que alude la disposición citada en primer término a la fecha de adquisición del derecho. Ello es así, conforme al principio que, en su parte pertinente, menciona el fallo de la CSJN del 11/08/09 in re “Elliff, Alberto José c/ ANSES s/ Reajustes Varios” en materia de base de cálculo actualizada para la determinación de la prestación inicial, mediante un sencillo cálculo que consiste – para los autónomos – en mul- tiplicar el guarismo que representa esa proporción aportada (en números enteros y fracción de dos dígitos) por el importe del haber mensual de la categoría míni- ma vigente al último mes cotizado o a la fecha de adquisición del derecho de ser posterior.
 
2.- Respecto al pedido del ANSES referido a la sustitución del ISBIC por el índice RIPTE como pauta de movilidad para la determinación del primer haber jubilato- rio, la cuestión encuentra adecuada respuesta en el precedente de la Corte Su- prema de Justicia de la Nación Nº CSS 42272/2012/CS1-CA1, caratulados "Blan- co, Lucio O. c. A.N.Se.S. S s/ reajustes varios" (votos de la mayoría y concurren- te de la Jueza Highton de Nolasco), sentencia del 18/12/2018, donde, al igual que en el caso de autos, A.N.Se.S. S pretendió emplear el índice que mide la evolu- ción de la RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Esta- tales), establecido en las resoluciones 56/2018 de A.N.Se.S. S y 1/2018 de la Secretaría de Seguridad Social.
 
Con un razonamiento apoyado en metodologías propias para el control de consti- tucionalidad, especialmente en el principio de legalidad y razonabilidades consti- tucionales, nuestro Máximo Tribunal invalido de oficio las referidas resoluciones. En este sentido, por mayoría entendió que: “la fijación del índice de actualización no puede considerarse incluida dentro de las atribuciones genéricas que la ley 24.241 -texto según ley 26.417- reconoce en cabeza de la A.N.Se.S (art. 36) co- mo tampoco dentro de la facultad específica otorgada a la Secretaría de la Segu- ridad Social (art. 24, inciso a, segundo párrafo), habida cuenta de que la elección de la variable de ajuste no es un aspecto menor, de detalle, referente al cumpli- miento del régimen de jubilaciones, sino que es una cuestión de la mayor rele- vancia pues tiene directa incidencia sobre el contenido económico de las presta- ciones, pudiendo afectar el mandato protectorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional o el derecho de propiedad de los beneficiarios” (cons. 17). Así, afirmó que: “no puede admitirse el ejercicio de una potestad de exclusivo resorte del Poder Legislativo Nacional, ejecutada por ese departamento del Estado desde el año 2008 en dos oportunidades (leyes 26.417 y 27.426) (cons. 18)” y que: “...La intervención indebida que lleva a cabo el Poder Ejecutivo Nacional -a través de la A.N.Se.S. S y de la Secretaría de la Seguridad Social- al dictar y ratificar la reso- lución N° 56/2018 sin tener la potestad constitucional para hacerlo, contradice el art. 14 bis de la Ley Fundamental que conjuga el ideal representativo con la reali- zación de los derechos sociales. Asimismo, transgrede la regla básica republica- na según la cual cada poder del Estado Federal debe actuar dentro de su ámbito de competencia, siendo respetuoso del ejercicio que los otros pudieran hacer de los poderes que la Constitución les atribuye. También desconoce que las normas que desde hace más de cincuenta años han reconocido las obligaciones del Es- tado de tutelar al trabajador en situación de pasividad no pueden ser entendidas fuera de la nueva cláusula del progreso (art. 75, inciso 19, de la Constitución Na- cional), según la cual corresponde al Congreso proveer lo conducente «al desa- rrollo humano» y «al progreso económico» con justicia social (cons. 20)".
 
En esta coherencia, afinó que: “es el Congreso Nacional en su carácter de ór- gano representativo de la voluntad popular, el que deberá establecer, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Nacional, el índice para la actualiza- ción de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en juego, toda vez que se trata de un componente decisivo para asegurar la vigencia de los derechos consagrados en el art. 14 bis de la Ley Fundamental… (cons. 21)” y que “hasta que ello suceda y dado que la misión más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin me- noscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema, las cuestiones suscitadas en la presente causa en torno al haber inicial deberán ser resueltas de conformidad con las consideraciones dadas por el Tribunal en el caso "Elliff" (Fallos: 332:1914)”.
 
En efecto, la Corte concluyó que con la resolución N° 56/2018 (después de que finalizada la vigencia del art. 24 de la ley 24.241 por la sanción de la ley 26.417) A.N.Se.S. S se arrogó una facultad que ya no poseía, como tampoco la tenía la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, al dictar la resolución N° 1/2018 que ratificó el RIPTE. Por tales motivos, declaró de oficio la inconstitucionalidad de las mentadas resoluciones y reafirmó la potestad del Congreso de la Nación en el establecimiento del índice de actuali- zación aplicable como atribución constitucional exclusiva de aquél Poder del Es- tado.
 
En cuanto al Decreto 807/16 y Resolución SS 6/16, no resultan aplicables al caso de autos, toda vez que el actor adquirió su beneficio previsional con anterioridad a la fecha establecida en el art. 5 del primero (alta a partir del mensual agosto 2016).
 
En consecuencia, las remuneraciones efectuadas en relación de dependencia, se ajustarán por el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (IS- BIC) hasta la fecha de adquisición del derecho, sin perjuicio de que al practicar la liquidación se descuenten las actualizaciones de las remuneraciones ya efectua- das. Para el caso de que estas resulten mayores a las del procedimiento indica- do, deberá estarse a las mismas.
 
Por lo expuesto, propongo no hacer lugar al planteo del recurrente, y, en conse- cuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad de oficio del decreto 807/2016, Resolución de A.N.Se.S. 56/2018 y de la Secretaría de la Seguridad Social 6/2016 y 1/2018 de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Rodríguez Pereyra” (C.S.J.N. fallos 335:2333 y sus citas) debiendo mantener el índice ISBIC para la actualización del haber inicial (con- forme el precedente ‘Elliff’).
 
3.- Que debe desestimarse el agravio relativo a la omisión de aplicación del límite de la doctrina del fallo “Villanustre”.
 
En efecto, la doctrina “Villanustre”, que determina que “las diferencias a abonarse en favor del interesado no podrán exceder en ningún caso los porcentajes esta- blecidos por las leyes de fondo”, tiene sentido en el régimen de la Ley 18037, que establecía el haber inicial en un 70 al 82 por ciento de determinado haber de refe- rencia (arts. 49 y cc. de esa ley).
 
Pero no es aplicable al régimen de la Ley 24241, en el cual el haber inicial no está determinado en un porcentaje de cierto haber de referencia (cfr. sus arts. 20 y cc., 24 y cc. y 30 y cc.).
 
4.- En cuanto a la constitucionalidad de los topes, considero que no es un agravio en concreto, ya que en la sentencia de primera instancia se difirió el tratamiento a la etapa de liquidación, por lo que coincido con la resolución del juez a-quo, y en el caso en que en dicha etapa se corrobore que hay confiscatoriedad del 15%, proceda a declararse la inconstitucionalidad de los topes, como resolvió la Corte en el Caso “Actis Caporale” (sent. del 19/08/99).
 
En dicho fallo de la CSJN ha quedada zanjada la cuestión debatida respecto de hasta donde se considera razonable el tope legal y desde que momento afecta el derecho de propiedad conforme el parámetro de confiscatoriedad que allí se sos- tiene, y que ha sido ratificado por esta Cámara en numerosas oportunidades.
 
5.- I.- En cuanto al pedido de inconstitucionalidad de los decretos dictados con motivo de la suspensión de la fórmula de la ley 27.426, efectuada por la ley 27.541, considero que corresponde hacer una breve enunciación de las normas cuestionadas, a los efectos de obtener una mejor comprensión y entender el pa- norama en que las mismas fueron dictadas.
 
a.- La ley 27.541 –denominada Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública–, dictada por el Congreso de la Nación, entró en vigor el 23 de diciembre de 2019 y declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energé- tica, sanitaria y social, hasta el 31/12/2020, y, por la misma, se delegaron faculta- des al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con miras a fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los habe- res previsionales, y con el objeto de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos.
 
En el artículo 55 de la citada norma se suspendió por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad vigente hasta entonces, y se estableció el deber del Poder Ejecutivo de fijar trimestralmente los incrementos de los haberes, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos, hasta tanto una comi- sión creada a tal efecto proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales.
 
Como consecuencia de la norma antes reseñada, el poder Ejecutivo dictó los decretos 163/2020, que dispuso, para marzo de 2020, un aumento del 2,3% más un monto fijo de $1500, 495/20, que reconoció, para junio de 2020, un aumento de 6,12% para todas las jubilaciones, y 692/2020, que determinó un 7,5% de in- cremento correspondiente al mensual agosto de 2020, y el 899/20, un aumento del 5% sobre el haber correspondiente al mensual noviembre de 2020.
 
Asimismo, con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) declaró al brote del nuevo coronavirus “COVID-19” como una pandemia. Por dicha razón, por decreto de necesidad y urgencia Nº 260/2020, del 12/03/2020, se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541.
 
A su vez, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 estableció para todas las personas que habitaran en el país o se encontraran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, el que fue prorrogado sucesivamente. Por otra parte, por decreto 542/2020, se prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2020 la labor de la Comisión mencionada en el tercer párrafo del artículo 55 y en el ar- tículo 56 de la Ley Nº 27.541.
 
Ahora bien considero que, en el presente caso es necesario tratar los siguientes temas para poder dilucidar la cuestión: 1º la constitucionalidad de la ley de emer- gencia 27.541 y de sus sucesivos decretos; 2º el alcance, significado de la sus- pensión y su levantamiento; 3º la vigencia de la ley 27.426; b.- En relación a la primera cuestión, esto es el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.451 y los decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020 considero que no correspon- de declarar la inconstitucionalidad de los mismos por lo expuesto a continuación: En primer lugar, la doctrina judicial argentina ha implantado ciertas reglas en torno a la evaluación final de la constitucionalidad de una norma: a) en principio, las leyes se presumen constitucionales (“Cine Callao”, Fallos, 247:121, y “Trenti- ni”, Fallos, 220:1458); b) la declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere plena prueba, clara y precisa, de su oposición con la Constitución (“Pe- risse”, Fallos, 209:200, y “Bignone”, Fallos, 306:655); c) el pronunciamiento de inconstitucionalidad exige prudencia y cautela en su emisión: es la última ratio del ordenamiento jurídico, y exhibe un caso extremo de gravedad institucional (“Ma- lenky”, Fallos, 264:364; “Bonfante”, Fallos, 288:325, y “Philco Argentina SA”, Fa- llos, 306:1597), y d) si hubiese duda, se debe decidir por la constitucionalidad de una norma y no por su invalidez (“Bignone”, Fallos, 306:655)” (Sagües, Néstor P.; “Elementos de derecho constitucional”, tomo 2; pág. 889; Ed. Astrea; 3ª edición; Bs.As.; 2.003).-
 
Partiendo de este principio, es momento de empezar a evaluar la constitucionali- dad en el caso concreto y para eso, es necesario aclarar que el análisis debe efectuarse dentro del marco de la emergencia sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19.
 
Dada la situación de emergencia se dictó la ley 27.541, ella dispone la suspen- sión de la movilidad fijada en el art. 32 de ley 24.241, por el plazo de 180 días y le delegó la facultad al Poder ejecutivo para que disponga aumentos trimestrales de los haberes jubilatorios durante dicho período. Con el dictado de los decretos 163/2020, 495/2020,692/2020 y 899/2020 el poder ejecutivo fijó aumentos, por lo que cumplió con lo que requería la ley.
 
El art. 1º de la norma en estudio declara la emergencia pública y delega en el Poder Ejecutivo nacional, las facultades comprendidas en la ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020.
 
Cabe aclarar, que no se ha delegado una potestad legislativa absoluta en el Po- der Ejecutivo sino que se ha detallado expresamente las prerrogativas que facul- tan al Presidente a legislar sobre determinadas bases, a las que hacer referencia el art. 2 de la ley.
 
La delegación de las facultades no es en principio violatoria del sistema Republi- cano, por lo tanto tampoco repugnante a la Constitución Nacional, siempre que opere dentro del marco de tiempo razonable, como es el de la citada ley; resal- tando que la delegación, es este caso, se encuentra justificada por la emergencia en la que nos hallamos inmersos.
 
En este orden se expresó la Cámara Federal de la Seguridad Social- Sala 2, en los autos nº 10543/2020 TORTEROLA JORGE NICOLAS c/ ANSES /AMPAROS
 
Y SUMARISIMOS”, en la que sostuvo que: En este contexto, y efectuando el análisis de la norma, en un marco de crisis social que la misma “ley de solidari- dad social y reactivación productiva” reconoce, no se advierte que las normas que alteraron las condiciones originales bajo las que se habían establecido la movilidad de las prestaciones, art. 32 ley 24.241, sus complementarias y modifi- catorias, contradigan la garantía de razonabilidad, pues resultan justificadas por los hechos que les han dado origen, esto es, una crisis económica y de emer- gencia que colocó a las autoridades competentes del gobierno nacional en la necesidad de proceder de ese modo a fin de asegurar el cumplimiento de las funciones básicas del Estado Nacional.
 
 
En esta línea argumental que venimos desarrollando respecto de la naturaleza y aspectos jurídicos que importa la denominada emergencia económica, debemos dejar sentado que la doctrina judicial sobre todo la emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido pacifica en ponderar y sostener la validez de las emergencias- en algunos casos corresponde con el periodo de vigencia de la emergencia y en otros ex post convalidado cuando ya finalizo-, con un presu- puesto que es el de la temporaneidad en términos de duración cierta de la emer- gencia. Por el contrario, la Corte no ha convalidado e inclusive ha invalidado constitucionalmente normas que consagran la emergencia cuando esta se ha extendido en un plazo que supera ampliamente la situación por la cual fue dicta- da, desnaturalizándose al punto tal de convertirse en una situación legal perma- nente cuyo fundamento ha dejado de existir.
 
En este sentido, es aplicable lo sostenido por la CSJN en "Smith, Carlos Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado Nacional s/ sumarísimo” de fecha 01/02/2002 cuando afirma: “En estos casos, el gobierno está facultado para san- cionar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable, y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Cons- titución. No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que tra- be el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos: 171:79) toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (Fallos: 238:76). La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contra- to, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitu- cionales (confr. Fallos: 243: 467; 323:1566).” (Hago mío lo resaltado).
 
Es del caso señalar que la suspensión una vez finalizada el lapso temporal fijada en el decreto 260/2020 en fecha 31/12/2020, importó que retome vigencia la ley 27426 y luego la nueva ley 27.609, sancionada el 04/01/2021 estableciendo una nueva fórmula para calcular la movilidad aplicable desde el mes de marzo del 2021.
 
Sentado lo anterior, estamos ponderando, para tomar esta posición el hecho de que la suspensión de la movilidad fue levantada, es decir que cumplió con una pauta temporal sin perpetuarse. Fue por un tiempo determinado y para hacer frente a una situación particular, finalizado este de acuerdo al decreto ya mencio- nado 260/2020, que contenía la fecha de terminación, continuando en vigencia la ley 27.426.
 
c.- No podemos dejar de tener en cuenta que la población afectada está caracte- rizada por una vulnerabilidad sociológica y jurídica especialmente protegido por el plexo de tratados de los derechos fundamentales destacando, el PACTO SAN JOSE DE COSTA RICA, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓ- MICOS, SOCIALES Y CULTURALES, CONVENCIÓN INTERAMERICANA SO- BRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, LAS 100 REGLAS DE BRASILIAS SOBRE ACCESO A LA JUSTI-
 
CIA, entre otros. Es obligación de los estados partes de la OEA, realizar el control de convencionalidad de aquella normativa que implica una pauta regresiva en materia de DESC. En principio la ley de emergencia que aquí se analiza importa una regresión en los derechos de los beneficiarios de la previsión.
 
Adoptar una medida de este tipo implica una justificación de la restricción en el contexto de todos los derechos y en pos del bien común. Pero esta no puede alterar de ninguna manera la sustancia misma del derecho.
 
El análisis de la convencionalidad debe ser realizado a la luz del principio de pro- gresividad. Tiene dicho en este sentido Nuestro más alto Tribunal que: “el princi- pio de progresividad o no regresividad que veda al legislador la posibilidad de adoptar injustificadamente medidas regresivas, no sólo es principio arquitectónico del Derecho Internacional de Derechos Humanos sino también una regla que emerge de nuestro propio texto constitucional en la materia”. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24/11/15, “Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores” c/Poder Ejecutivo Nacional, acción de amparo”, 906/2012 (48-R)
 
/C51. También encontramos una referencia a la progresividad en el fallo dictado por la Corte en los autos “Orellano, Francisco D. c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A.” de fecha 7/6/16).
 
Entiendo, en este sentido, que el esfuerzo económico que se le requirió a esa porción de la población no puede ser jamás un decreto de por vida sino una si- tuación temporal y que luego debía ajustarse y corregirse. Es decir, que aun cuando en principio tanto el control de constitucionalidad como de convencionali- dad serian superados, ellos solo en tanto, la emergencia haya sido razonable y acotada en el tiempo. Cuestión que sucedió, y por otra parte ye igualmente im- portante, que se corrija el haber de los sujetos alcanzados una vez terminada la causa que justifico el dictado de la medida restrictiva de emergencia. Es obliga- ción asumida de los Estado signatarios disponer hasta el máximo de sus recur- sos posibles para garantizar el pleno goce de los derechos sociales. No encon- tramos motivo alguno ni argumentos de índole presupuestarias para no corregir el haber de los jubilados y pensionados. Así corresponde corregir dicha desvia- ción. (cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO ACE- VEDO BUENDÍA Y OTROS [“CESANTES Y JUBILADOS DE LA CONTRALO- RÍA”] VS. PERÚ SENTENCIA DE 1 DE JULIO DE 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
 
Cabe traer a colación lo expresado por Cicerón, en el Tratado de la Vejez: “La ancianidad es llevadera si se defiende a sí misma, si conserva su derecho, si no está sometida a nadie, si hasta su último momento el anciano es respetado entre los suyos. ….”
 
d.- Ahora bien, reconocida la validez de la “suspensión” de la movilidad jubilatoria por el art. 55 de la ley 27.541, se dictó la ley 27.609, que termina con la misma.
 
De algún modo, la finalización de la suspensión conlleva a reconocer que el es- fuerzo realizado por los beneficiarios fue por un tiempo determinado, por lo tanto corresponde readecuar el haber en enero del 2021, otorgando la diferencia de lo que no se otorgó en el período suspendido., con las movilidades que le hubiesen correspondido de haberse aplicado la ley suspendida 27.423.
 
El diccionario de la Real Academia Española define la palabra suspender en una de sus acepciones como “Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra.” Es decir que la suspensión no implica no dar la movilidad, sino diferirla y después abonarla.
 
En este sentido, El “diferir” la movilidad claramente implica posponer su aplica- ción: En modo alguno significa anularla o dejar de darla.
 
Todo lo contrario, el fin de una suspensión de un aumento debería implicar que se dé todo el aumento junto omitido, como sucede con las tarifas públicas. (Mar- celo Brasburg. 2021. Movilidad jubilatoria. Incongruencias en su reglamentación, elDial.com - DC2D80).
 
En   otras   palabras,   la    ley    que    seguía   vigente,   aunque    suspendida, era la 27.426, pero eso no significa que los aumentos otorgados por decretos del poder ejecutivo no hayan ocasionado un esfuerzo en la población en general y, en este ámbito, en los jubilados por la ley 24.241, ya que los mismos fueron por una situación excepcional y durante un tiempo determinado.
 
En este sentido, también se ha expresado la Cámara Federal de Bahía Blanca, en los autos CFBB 12922/2016/CA1 caratulado: MARTINEZ, EDUARDO RUBEN c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS de fecha 08/06/2021, en la que sostiene que “deberá la administración integrar el haber previsional de diciembre 2020 con el porcentaje de incremento que la parte actora haya dejado de percibir en virtud de la suspensión legalmente dispuesta”. Así también, en este contexto los decretos fueron los que permitieron desviar recursos del estado a otros menesteres pues notablemente dieron aumentos menores a los que hubiesen correspondido de no mediar emergencia, como ya le describimos antes.
 
Recapitulando la ley 27.426 estuvo suspendida hasta el 31 de diciembre del año 2020, y recién el 04 de enero del 2021 entró en vigencia la ley 27.609. Si bien se le pidió un esfuerzo a parte de la sociedad por un tiempo, una vez que concluyó la emergencia previsional el haber debe readecuarse, con la diferencia entre la movilidad otorgada y la suspendida. Esto así, en tanto, concluida la emergencia, el 31/12/2020, también concluye la suspensión, y al estar en vigencia la 27.426 hasta la entrada en vigencia de la nueva ley el 04/01/2021, el haber del mes de enero de 2021 debe ser incrementado con la suma que corresponda hasta cubrir dicha movilidad suspendida, y desde allí, calcular las próximas con la nueva ley vigente para el futuro.
 
e.- Sostenemos lo anterior porque partimos de la premisa que levantada la suspensión que por propia naturaleza es un impasse en el tiempo, lo que corresponde es solucionar (en este caso la movilidad) la cuestión del tiempo suspendido. Tan es así, que en situaciones de otra índole pero donde se aplica- ron medidas similares como sucedió con los alquileres estipulado en el decreto 320/2020, que fija el congelamiento de los precios, en el marco de la emergencia del Covid-19. Es decir, la ley de alquileres da una respuesta al problema que se deriva del congelamiento de los precios, resuelve como se va a devolver lo no abonado. Por el contrario la ley 27.541 no da solución al problema, no establece como se va a abonar a los jubilados lo que no se ha pagado conforme a lo deno- tado en la ley de movilidad vigente, dejando un vacío que debemos llenar.
 
f.- Así las cosas la prórroga de la suspensión de la fórmula de movilidad, dispues- ta por el Decreto 542/2020, fue levantada el 31/12/2020, y la ley 27.609, que fija una nueva fórmula de movilidad entró en vigencia el 04/01/2021.
 
Entonces, durante el año 2020, encontrándose declarada la Emergencia Previ- sional, la movilidad de los haberes de jubilados y pensionados de la Ley 24.241 fue inferior a la que hubiera correspondido, en razón de la suspensión de la apli- cación de su artículo 32. Pero, en tanto dicha diferencia solo se suspendió mien- tras rija la emergencia, concluida esta, el haber debió readecuarse, incrementán- dolo con la diferencia entre la movilidad otorgada y la suspendida. Esto así, en tanto, concluida la emergencia, también concluye la suspensión, y el haber del mes de enero de 2021 debe ser incrementado con la suma que corresponda has- ta cubrir dicha movilidad suspendida sin efectos retroactivos.
 
Es preciso y volvemos sobre la idea, atender al universo de individuos que inte- gran la porción de beneficiarios de la previsión porque ello en definitiva habla más de la sociedad que los atiende que de ellos mismos. En este sentido, consi- deramos relevante lo expresado en la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento del 8 al 12 de Abril-2002, cuando dice “Reafirmamos el compromiso de no escatimar esfuerzos para promover la democracia, reforzar el estado de derecho y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, así como promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Nos comprometemos a elimi- nar todas las formas de discriminación, entre otras, la discriminación por motivos de edad. Asimismo, reconocemos que las personas, a medida que envejecen, deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades. Estamos decididos a realzar el reconocimiento de la dignidad de las personas de edad y a elimi- nar todas las formas de abandono, abuso y violencia” (hago mío lo resaltado).
 
Por los motivos expuestos con anterioridad, entiendo que la administración debe abonar a la actora en el haber de Enero de 2.021 la diferencia de lo que resulte entre lo percibido por los decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020 que fijan la movilidad durante el período suspendido y la movilidad suspendida, apli- cando la ley vigente desde la suspensión y no retroactivamente y desde allí la ley 27.609, para el período de Marzo de 2.021.
 
5).- En cuanto a la exención del impuesto a las ganancias sobre el retroactivo; y en cuanto a que no resulta imputable en modo alguno a ANSES, quien es un mero órgano de retención, siendo competencia de la A.F.I.P. su aplicación e in- terpretación, entiendo que corresponde aclarar lo siguiente:
 
En este sentido, el juez que actúa en el ámbito previsional debe proteger la cuan- tía de los haberes jubilatorios y en consecuencia revisar cualquier norma, cuya aplicación pueda representar una quita o disminución en el monto de dicho haber.
 
En esta línea, la C.F.S.S. - Sala II -, sostuvo en un caso análogo a este: “…Debe revocarse la decisión del ‘a quo’ que acogió la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el organismo, y rechazó el amparo iniciado por los titulares en su carácter de… jubilados con el fin de que se ordene a la A.N.Se.S. S, que se abstenga de efectuar descuentos de sus haberes en concepto de retención por impuesto a las ganancias. Ello así, porque el rechazo de la acción basado úni- camente en la ausencia de legitimación pasiva aparece revestido de un excesivo rigorismo incompatible con la naturaleza de los derechos presuntamente afecta- dos; y el juez de la anterior instancia debió encausar el trámite si consideró a la ANSES un mero agente pagador y a la D.G.I. como titular pasiva de la acción”.
 
En similar sentido se expidió la Sala I de la C.F.S.S., al señalar que “la incorrecta determinación del órgano estatal responsable no debe ser impedimento para el éxito de la acción, o para que ésta sea tratada hasta la resolución de la cuestión de fondo” (cfr. Sent. Del 18/02/97, “LLOVERAS, Antonio Rodolfo) (arg. Cfr. CFSS, Sala II, 23/06/04, in re “BANDI, Roberto Merced y otros c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos”, expte. 47907/2000; sent. Int. 58347).
 
La Corte Suprema Justicia, en la causa “Gutiérrez, Oscar, Eduardo c/ A.N.Se.S., del año 2006, rechazó por mayoría la falta de legitimación pasiva opuesta por ANSES, y ratificó lo decidido en primera instancia y luego confirmado por la CFSS, aduciendo fundamentalmente que se procuraba “…más que individualizar a posibles infractores, proteger derechos constitucionales conculcados.” (Cfr. C.S.J.N. in re G. 196. XXXV.RECURSO DE HECHO, “Gutiérrez, Oscar, Eduardo c/A.N.Se.S”, de fecha 11 de abril del año 2006).
 
Esta cámara zanjo la cuestión en la causa “autos Nº FMZ 23046363/2010/CA1, caratulados: “PIULATS PEDRO JORGE c/A.N.Se. S s/ Anses - REAJUSTES VARIOS”, de fecha 07/06/2019 a la que nos remitimos y que se encuentra publi- cada en el CIJ para su consulta.
 
Respecto del retroactivo, se ha expedido en la causa “autos Nº FMZ 28114/2016/CA1, caratulados: “DI LORENZO CARLOS FELIZ c/ ANSES s/ REAJUSTE VARIOS” de fecha 06/10/2020 a cuyos argumentos nos referimos y se encuentran publicados en el CIJ.
 
En el mismo sentido, “No corresponde afectar impositivamente el saldo retroactivo percibido en concepto de diferencia por prestaciones previsionales mal abo- nadas. Ello así, pues ninguna duda cabe que la percepción de las acreencias de esta naturaleza no puede constituir nunca un hecho imponible, y menos todavía ser pasibles de gravamen alguno, sin colocar en serio riesgo el principio de inte- gralidad del que gozan las prestaciones previsionales.” C.F.S.S., Sala II sent. int. 73700 26.02.10 “VICENTE, ELISA NÉLIDA c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” (H.-D.-F.)
 
Cabe agregar que la nueva ley de Impuestos a las Ganancias Ley N.º 27.617, no ha cumplido con el requerimiento de la Corte en el leading case “García”, al no haber legislado con perspectiva de vulnerabilidad, y contemplando de manera particular el universo de los jubilados y sus condiciones, con lo cual el precedente y la doctrina aquí sostenida sigue siendo plenamente aplicable al caso en cues- tión.
 
6)- En cuanto al agravio de   la   imposición   de   las   costas   entiendo que no le asiste razón al A.N.Se.S. y que las mismas se impondrán a la deman- dada vencida, ello atento lo expuesto por ambas salas de esta Cámara en las causas: C.F.A.M, SALA B, in re “SARTORI CLARA LORETA c/ANSES S/ RE- AJUSTES VARIOS”, de fecha 07/11/17 y C.F.A.M, SALA A “POLIMENI, OVIDIO
 
FRANCISCO c/ ANSES s/ Reajustes Varios” de fecha 15/11/2017 no advirtiéndo- se argumentos de peso que ameriten apartarse de los criterios allí dados. Corresponde, en conclusión, confirmar la condena en costas efectuada por el a quo.
7).- En cuanto al resultado arribado las costas de la presente instancia se impondrán a la demandada vencida. (art. 68 del CPCCN).
8).- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en un treinta por ciento (30%) de lo regulado en pri- mera instancia (art. 30 de la Ley 27.423).
 
De esta manera respondo por la negativa a la única cuestión propuesta al co- mienzo de este pronunciamiento. Es mi voto. Sobre la única cuestión propuesta los Señores Jueces de Cámara Doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios Juan y Doctor Juan Ignacio Pérez Curci dijeron: Que adhieren al voto que antecede.
 
En   mérito   del   resultado   que    se   instruye   en   el    acuerdo   precedente SE RESUELVE: 1º) NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la demandada y en consecuencia confirmar la sentencia en cuanto fue motivo de apelación y agravios. 2º) DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD, de la Resolución de ANSES 56/2018 y de la Secretaría de la Seguridad Social 1/2018 3º) IMPONER las costas a la demandada vencida. (art. 68 del CPCCN). 4º) REGULAR los ho- norarios de los profesionales intervinientes en un treinta por ciento (30%) por ciento de lo regulado en primera instancia.
 
MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA - GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA - JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, JUEZ DE CA- MARA - MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO
 
 
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A Expte. N° FCB 82832/2018/CA1
 
AUTOS:
 
“BERTOGLIO, ROMINA GRISELDA c/ A.N.Se.S. y otro s/ Amparo Ley 16.986”  10 de febrero de 2023 DOCTRINA
 
Si bien el DNU 593/2016 establece que quienes tengan deudas en el pago del Monotributo no podrán cobrar las Asignaciones Universales por Hijo, la situación planteada en autos justifica apartarse del régimen general establecido en la nor- mativa aplicable… En función de lo expuesto, tratándose la asignación universal por hijo de un beneficio de carácter alimentario y que el objetivo de la Seguridad Social es proteger íntegramente a la familia y evitar el desamparo de quienes, por su edad y modo de vida, no están en condiciones de proveer el sustento, corres- ponde ordenar a la A.N.Se.S. para que dentro de los cinco días de la notificación del presente proveído, otorgue a la actora, la Asignación Universal por hijo de los menores.
 
Y VISTOS:
 
Estos autos caratulados: “BERTOGLIO, ROMINA GRISELDA C/ ANSES Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986” (Expte. Nº 82832/2018/CA1), venidos a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación articulado por la representación jurídica del Estado Nacional -cuya personería se encuentra acreditada a fs. 57/vta.- en contra del proveído de fecha 30 de abril de 2019, dic- tado por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba, que en lo pertinente dispuso: “…3) Proveyendo la medida cautelar solicitada, corresponde hacer lugar a la misma por encontrarse reunidos a criterio del Suscripto los requisitos exigidos por el art. 230 del Cpr. Si bien el DNU 593/2016 establece que quienes tengan deu- das en el pago del Monotributo no podrán cobrar las Asignaciones Universales por Hijo, la situación planteada en autos justifica apartarse del régimen general establecido en la normativa aplicable… En función de lo expuesto, tratándose la asignación universal por hijo de un beneficio de carácter alimentario y que el ob- jetivo de la Seguridad Social es proteger íntegramente a la familia y evitar el desamparo de quienes, por su edad y modo de vida, no están en condiciones de proveer el sustento, corresponde ordenar a la A.N.Se.S. para que dentro de los cinco días de la notificación del presente proveído, otor- gue a la Sra. Romina G. Bertoglio, la Asignación Universal por hijo de los menores... Notifíquese a la Defensoría oficial a sus efectos” (ver fs. 81/vta.).
 
Y CONSIDERANDO:
 
I. El Estado Nacional expresa agravios conforme consta a fs. 86/91. En primer lugar, manifiesta que en el presente caso no se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley 26.854 a los fines de decretar una medida pre- cautoria de no innovar. Así, al no haberse exigido a las coaccionadas el informe previsto por el art. 4 de la citada ley respecto del interés público involucrado en el caso, éste resulta seriamente afectado al igual que el derecho de defensa de su representado.
 
Seguidamente, cuestiona que el objeto de la medida cautelar coincida con el fon- do de la controversia principal y considera que el art. 230 del CPCCN es inapli- cable en la causa. Sostiene que no se configuran en autos los requisitos de vero- similitud del derecho ni peligro en la demora que ameriten la procedencia de la cautelar dictada. En definitiva, solicita se revoque el proveído recurrido. Corrido el traslado de ley, mediante proveído de fecha 17/07/2020, la parte actora no lo contestó conforme consta en el Sistema Lex 100, quedando la causa en condiciones de ser resuelta. Cabe señalar que la apoderada de la accionante renunció al patrocinio de la misma con fecha 21/04/2021 y el 29 de diciembre de igual año, compareció la Defensora Publica Coadyuvante en representación de aquella, conforme poder que acompaño en dicho acto.
 
II.- En primer lugar, corresponde realizar una breve reseña de lo acontecido en autos a los fines de tener una mayor claridad de los hechos aquí controvertidos. Con fecha 9/10/2018 la actora inició la presente acción de Amparo en contra de A.N.Se.S. y del Poder Ejecutivo Nacional, para que se declare la inconstituciona- lidad de la Ley 24.714, del Decreto (P.E.N.) N° 1602/2009, la Resolución de A.N.Se.S. N° 393/2009 y cualquier otra norma, reglamento, o circular que se dic- tare en consonancia con las citadas normas, en cuanto lesionan, restringen, alte- ran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías contemplados en la C.N. y demás Tratados Internacionales sobre derechos hu- manos, seguridad social y protección a los niños. Hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, pidió que se despachara una medida cautelar, solicitando la suspensión de la normativa impugnada y el otorgamiento por parte de A.N.Se.S. de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para protección social de dos de sus hijos menores. Hizo presente que mantuvo una relación convivencial con el padre de los niños, con el cual tuvo cuatro en total y que por razones de vio- lencia de género infringida en contra de su persona, aquél último se encuentra en prisión y no aporta a la manutención de los menores. Agregó que el mismo revis- te ante la AFIP la calidad de autónomo y mantiene una deuda que se niega a pagar a los fines de darse de baja a la inscripción impositiva. Dicha situación tor- nó imposible el cobro de la AUH para los menores por él reconocidos ya que la A.N.Se.S. deniega la prestación por presentarse dicha irregularidad impositiva. Sostuvo que posee un ingreso económico mínimo que permite cubrir algunas necesidades básicas. Manifestó que se encontraban acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora a los fines de la procedencia de la precautoria solicitada (fs. 28/40 vta.).
 
Mediante el proveído apelado de fecha 30 de abril de 2019 el señor Juez de Primera Instancia dispuso la medida cautelar solicitada, ordenándole a la A.N.Se.S. que otorgue a la actora el beneficio de la AUH por los dos hijos que menciona. Para así decidir, consideró que la situación planteada en autos justifi- ca apartarse del régimen general establecido en la normativa aplicable. De esta forma, tuvo en cuenta que quien debiera cobrar las asignaciones familiares es el padre de los menores, pero el mismo se encuentra detenido y con una deuda ante la Afip que no se encontraría en condiciones o con voluntad de regularizar. A su vez, manifestó que se encontraba acreditado en autos la difícil situación económica de la madre reclamante para afrontar las necesidades básicas de los niños a su cargo.
 
 
En contra de dicho resolutorio, el apoderado del Estado Nacional interpuso el recurso de apelación bajo estudio de este Tribunal (fs. 86/91). Posteriormente, A.N.Se.S. manifestó que había otorgado la AUH a los menores, adjuntando cons- tancias probatorias. No obstante ello, la actora hizo presente que recibió un único pago en tal concepto el día 7/06/2019 pero que la demandada no volvió a liquidar el beneficio y solicitó en la misma presentación la aplicación de astrein- tes, petición que reiteró con posterioridad. En virtud de ello, el a quo intimó a la accionada para que acreditara el restablecimiento del pago del beneficio en cues- tión (ver fs. 99/101, fs. 103/104 vta; fs. 106 y fs. 107). Ante una nueva solicitud de astreintes por parte de la Defensora Pública Oficial, el Juez de grado emplazó al Organismo demandado el día 17/07/2020 para que cumplimentara con la cautelar ordenada en autos. Vencido el plazo sin obtener respuesta positiva por parte de este último, el a quo aplicó la suma de Pesos Un mil ($1000) en concepto de as- treintes por cada día de demora y emplazó nuevamente en el mismo proveído a la accionada bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria de Pesos Un mil quinientos ($1500). En respuesta a ello, A.N.Se.S. pidió se levantarán las sancio- nes conminatorias manifestando que liquidó el beneficio desde el mensual 08/19 hasta la fecha de presentación del escrito (02/09/2020) (ver Sistema Lex 100). Con fecha 29/12/2021 compareció la Defensora Pública Coadyuvante en repre- sentación de la señora Bertoglio, como se dijo y solicitó que se efectivizaran las astreintes fijadas en autos y se intimara a la demandada para que cumpla con la cautelar ordenada. Asimismo, solicitó la caducidad del recurso de apelación de- ducido en la causa por el representante del Estado Nacional. Por tal razón, el Inferior hizo efectiva dicha multa e intimó una vez más a la A.N.Se.S. a los fines mencionados con fecha 18/04/2022, fijando asimismo nuevas astreintes por la suma de Pesos dos mil ($2000).
 
Ante ello, la accionada informó que dicha manda judicial era de cumplimiento imposible ya que el progenitor de los menores está inscripto en AFIP como Autó- nomo, situación que impide el pago de la AUH. Finalmente, mediante proveído de fecha 16 de agosto de 2022 se elevan las actuaciones a esta Alzada a los fines de resolver el recurso de apelación presentado en las mismas.
 
III.- Previo a todo, consideramos oportuno ingresar al tratamiento del planteo de caducidad intentada por la Defensora Pública Oficial, en relación al recurso de apelación interpuesta por el Estado Nacional.
 
En este punto, hay que resaltar el tipo de acción de que trata la presente causa, esto es, una acción de amparo, se rige por las previsiones contenidas en la ley N° 16.986cuyo artículo 16 expresamente prevé que “...no podrán articularse cuestiones de competencia, excepciones previas, ni incidentes.” Asimismo, el artículo siguiente establece: “Son supletorias de las normas precedentes las dis- posiciones procesales en vigor”. Es evidente que el tenor de rapidez y urgencia que la legislación imprime a la acción de amparo como medio expedito y rápido para obtener la satisfacción de pretendidos derechos vulnerados, se opone a la paralización de la causa, a la demora en el trámite, al transcurso de plazos dila- tados, en fin -como vemos- se opone a la configuración de las condiciones pro- cesales exigidas por el capítulo del Código de Procedimientos Nacional referido a la caducidad de instancia (art. 310 del CPCN). Los requisitos de procedencia que requiere dicha figura procesal, para dar conclusión o una terminación anormal de los juicios, están expresamente excluidos del régimen del amparo.
 
En ese sentido, si bien el art. 17 de la ley de amparo establece que las normas procesales se aplican de manera supletoria a lo determinado en la ley de ampa- ro, y por ende resultaría de aplicación las previsiones del art. 310 y siguientes del C.P.C.N., relativo a la declaración de la perención de la instancia, ello será así siempre y cuando las disposiciones procesales no sean incompatibles con la na- turaleza de la acción, como lo es sin duda, el instituto de la perención de la ins- tancia cuya aplicación literal violentaría, en principio, normas de orden superior que imponen, el impulso procesal de oficio.
 
En el caso que nos ocupa -caducidad de instancia del trámite de la apelación menos aún se encuentra conformada la caducidad, por cuanto el artículo 15 de la ley 16.986 se ha encargado de precisar en detalle el comportamiento que deben observar tanto los litigantes como el Tribunal de la causa, cuyo contenido no puede llevarnos sino a la convicción de la urgencia imperiosa y de oficio que el trámite requiere. Ello da la pauta de un trámite caracterizado por la velocidad, reñido con los postulados de la caducidad de instancia. Por lo que, por los argu- mentos aquí vertidos, resultan suficientes para rechazar el planteo de caducidad efectuado por la actora en contra del recurso de apelación interpuesto por la de- mandada.
 
En este sentido resolvió esta Alzada en los autos: “PEZZALI, CARLOS c/ ESTA- DO NACIONAL (JEFATURA DE GABINETE) Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986”
 
(sentencia de fecha 25/02/2016). IV.- Sentado ello y en relación al escrito de ape- lación del Estado Nacional, cabe mencionar que el día 30.04.2013 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 26.854, con vigencia a partir del día 8 de mayo de ese mismo año, la que se circunscribe a la regulación de medidas cautelares en las que es parte el Estado Nacional o sus entes descentralizados en la medida en que sean compatibles con este nuevo régimen legal (art. 18 de la ley).
 
Por su parte, el apartado 1° del artículo 4 de la citada ley establece que: “… Solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la auto- ridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud. Con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las constancias documentales que considere pertinentes. Sólo cuando circuns- tancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su produc- ción…”.
 
En la especie, resulta menester señalar que atendiendo a las particularidades de la causa y teniendo en cuenta el carácter alimentario de la cautela en cuestión, sumado al menoscabo que significa dejar de percibir ese beneficio por la señora Bertoglio, corresponde a los fines de una adecuada administración de justicia, ingresar sin más –esto es, sin el informe previo del art. 4 de la ley citada- al análi- sis de los agravios vertidos por la entidad demandada. Ello así, porque la actora es el único sostén económico de sus hijos y no cuenta con trabajo formal, cir- cunstancia por la que solicitó la medida cautelar bajo análisis, esto es, para que se le otorgue a dos de los cuatro menores a su cargo la AUH para así poder sol- ventar los gastos que le demandan las necesidades básicas de aquellos (ver in- forme socioeconómico obrante a fs. 16/17 vta.).
 
En mérito de lo expuesto se rechaza el agravio del apelante referido al incumplimiento del requisito previsto por el art. 4° de la Ley 26.854. V.- Por otro lado, en el escrito de expresión de agravios la apelante cuestiona la procedencia de la cautelar que fuera ordenada en autos oportunamente por proveído de fecha 30/04/2019, manifestando que no se encuentran reunidos los requisitos necesarios para su libramiento.
 
Dentro del catálogo de medidas cautelares que contiene el nuevo régimen legal, el análisis a efectuarse deberá encaminarse en esta hipótesis en función de las previsiones del art. 13 de la mentada ley. La que en lo pertinente establece: “1. La suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurran simultánea- mente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que el cumpli- miento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionara perjuicios graves de imposible reparación ulterior, b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La ve- rosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.” La norma transcripta requiere o impone el análisis de una serie de conceptos jurídicos inde- terminados que habrán de apreciarse en cada caso en particular. De este modo se evaluarán tales preceptos en concordancia con la garantía de la tutela judicial efectiva, entendida como un derecho humano fundamental consagrado como un principio constitucional, contemplado en diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional del año 1994 (art. 75 inc. 22 de la C.N.). Entre ellos: La Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 punto I y 25), la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.3 y 14.1), entre muchos otros.
 
 
Dicha garantía anudada a la del debido proceso (art. 18 C.N.) aconsejan al ope- rador jurídico extremar las posibilidades de interpretación en relación a la tutela cautelar, en un sentido que no desnaturalice el acceso a la jurisdicción; lo cual debe ser ponderado puntualmente en cada caso y según las circunstancias pre- sentes en cada caso.
 
VI.- Una vez establecido ello, corresponde señalar que la actora inició la demanda de autos con fecha 9/10/2018 con el propósito de solicitar la inconstitucionalidad de la Ley N° 24.714, del Decreto del P.E. N N° 1602/2009 y de la Resolución de la A.N.Se.S. N° 393/2009 y como consecuencia de ello se le conceda el beneficio de la AUH solicitado. En el mismo escrito, peticionó que se dictara una medida cautelar para garantizar el contenido de la sentencia poste- rior. En virtud de ello, el Juez de grado resolvió con fecha 30 de abril de 2019, hacer lugar a la medida cautelar, lo que dio lugar al recurso de apelación que en esta instancia se analiza (ver fs. 28/40 vta; fs. 81/vta. y fs. 86/91).
 
VII.- Efectuada esta breve reseña, oportuno es recordar   que   la verosimilitud del derecho, se halla estrechamente ligada con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado. De allí que la tarea del Juzgador se debe res- tringir a realizar “...un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en dicho proceso...”
 
(PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, t. VIII, p. 32). De modo tal, que se- gún un cálculo de probabilidad sea posible anticipar que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho. Esta acreditación, se debe acompañar tam- bién del interés legítimo de la parte que la invoca, traducido en la demostración de la necesidad de disponer de esta medida cuando de no proceder así, se haría innocua o ilusoria la sentencia que se dicte o bien se afectaría la igualdad de los litigantes.
 
Por ello, se ha dicho que “...Para que proceda la prohibición de innovar frente a la Administración Pública, es necesario acreditar prima facie la arbitrariedad del acto recurrido o con el mismo alcance la violación de la ley, a fin de hacer cesar esa presunción de legalidad y por tanto, la ejecutoriedad del acto.” (C. Civ., Sala B ED 84-261). “...Debiendo extremar los recaudos que, en el caso, son de cumplimiento riguroso.” (C.Civ., Sala E, RED 13-684).
 
Trasladadas estas cuestiones al presente caso, estamos en condiciones de afirmar que los requisitos fundantes de la procedencia de la precautoria, resul- tan acreditados por tratarse de una cuestión de alto contenido alimentario. Lo resuelto no significa de manera alguna adelanto de opinión acerca de la cues- tión de fondo involucrada, atendiendo a que “las medidas cautelares tiene un contenido meramente preventivo: no juzgan ni prejuzgan sobre el derecho del peticionante” (Couture, Eduardo J., “Fundamentos del Derecho Procesal Civil” Ed. Depalma, Bs.As. 1997, pág. 326).
 
A igual resultado se llega en relación al segundo recaudo exigido por la norma, esto es el “perjuicio grave de imposible reparación ulterior”, entendido como la posibilidad de que, en caso de no accederse a la tutela cautelar, la sentencia posterior sería ineficaz o de imposible cumplimento.
 
De modo tal que se ha demostrado la inminencia de un daño o una situación de gravedad que torne imperiosa la protección jurisdiccional y/o ineludi- ble su admisión, para el caso en que la situación puede revertirse de manera eficaz y permanente a través de la sentencia que resuelva la cuestión de manera definitiva.
 
VIII.- Por otro lado, cuadra mencionar, que nuestro más Alto Tribunal en la causa “Grupo Clarín y otros S.A.” del 05/10/2010, señaló el carácter provisorio que re- visten las medidas cautelares, el que no debe ser desnaturalizado por la desme- surada extensión temporal de su vigencia. Finalmente, la Ley 26.854 dispone en el art. 5, en consonancia con el Acuerdo de esta Cámara Federal N° 155/2011, que “…el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vi- gencia, que no podrá ser mayor a los seis (6) meses…”. Es por ello, que en el caso bajo estudio debe establecerse un plazo de vigencia improrrogable de seis
 
(6) meses de la medida cautelar contados desde la fecha de este pronunciamien- to o el menor que pudiera corresponder frente al dictado de la sentencia de fon- do.
 
 
El criterio expuesto encuentra su fundamento en el hecho de sostener que las medidas cautelares carecen de un fin en sí mismas, su prolongación indefini- da desvía su objetivo, cual es la de asegurar el cumplimiento de un eventual pronunciamiento favorable (Fallos 327:2490; 330:4076) objetivo éste que se desnaturalizaría como se ha dicho cuando el excesivo lapso transcurrido desde su dictado sin emitir sentencia sobre el fondo de la cuestión traída a debate, per- mite a quienes la han requerido, obtener de forma anticipada el objetivo principal de su pretensión (ver C.S.J.N. en “Recurso de Hecho: Radio y Televisión Tren- que Lauquen S.A. Inc. Competencia c/ EN s/ medida cautelar” R. 169. XLIV).
 
Es por ello, que tratándose en la especie de una medida cautelar dictada en abril de 2019 (ver fs. 81 vta.), es decir, más de tres años atrás se recomienda al magistrado actuante la mayor celeridad posible a los fines de decidir sobre el fondo de la causa.
 
IX- De acuerdo a lo expuesto, es que corresponde confirmar por los fundamentos dados en esta instancia la resolución apelada con el alcance dado en este decisorio.
 
X.- En relación a las costas de la Alzada será de aplicación el régimen general previsto en el C.P.C.C.N.; toda vez que esta Sala ha declarado inconsti- tucional el artículo 21 de la ley 24.463 en la causa “Cattaneo, Oscar c/ ANSES – Reajuste de Haberes” (Expte. Nº FCB 11030058/2005/CA1), (www.cij.gov.ar – consulta de expedientes), a cuya íntegra lectura se remite en honor a la breve- dad. En su mérito, las mismas se imponen en el orden causado atento las parti- cularidades del caso y la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68 2° parte del C.P.C.C.N.), difiriéndose la regulación de honorarios que corresponda para su oportunidad.
 
La presente resolución es emitida por los señores jueces que la suscriben, conforme los términos del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional. Por ello, SE RESUELVE:
 
Confirmar el proveído de fecha 30 de abril de 2019, dictado por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba en todo lo que decide y ha sido motivo de agravios.
 
Imponer las costas de la Alzada en el orden causado atento las particularidades del caso y la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68 2da. par- te del C.P.C.C.N), difiriéndose la regulación de honorarios que corresponda para su oportunidad.
 
Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen
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