Doctrina 3. Baylos y Loffredo - La Causa Laboral

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El “Proceso de Escucha” de Sumar y la Propuesta sobre la Regulación del Trabajo* por Antonio Baylos y Antonio Loffredo

 
 
Sumario: 1. Las recientes reformas del derecho del trabajo español. 2. La iniciativa SUMAR en el contexto político español del año 2023. 3. El significado del “proceso de escucha” a través de la experiencia de trabajo colectivo realizado. 4. Las propuestas del Grupo de Trabajo de SUMAR sobre la regulación de las relaciones laborales. 5. Qué enseñanzas tiene para el iuslaboralismo italiano este proceso de escucha y la propuesta de regulación del trabajo de SUMAR.

 
 
1. Las recientes reformas del derecho del trabajo español
 
El gobierno de coalición en España entre PSOE y Unidas Podemos no  solo ha supuesto la primera experiencia de coalición entre fuerzas políticas de la izquierda desde la promulgación de la Constitución democrática de 1978, sino que ha afrontado innumerables escollos y turbulencias – la pandemia, desastres naturales, la inflación y el desabastecimiento por la guerra de Ucrania – frente a los que ha reaccionado con la producción de una importante mejora de la protección social y con el lanzamiento de una reforma laboral de extrema importancia, con efectos muy significativos de mejora de la estabilidad en el empleo, crecimiento del empleo de calidad y correlativa reducción del desempleo como efectos más llamativos. La iniciativa de este proceso de reformas la ha conducido el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuya titular, Yolanda Díaz, compatibiliza este cargo con el de Vicepresidenta Segunda del Gobierno tras la dimisión de Pablo Iglesias y su retirada de la política activa, y pertenece al grupo de ministros correspondiente a Unidas Podemos (UP).
 
La reforma laboral de 2021 se enmarca, entonces, en un cuadro de políticas sociales que ha supuesto un profundo cambio de rumbo respecto aquel en el que siempre se ha movido el derecho laboral español posfranquista. El activismo del Ministerio de Trabajo y Economía Social en la protección de los trabajadores y en la modernización del mercado de trabajo ha sido especialmente intenso desde su toma de posesión, cuando tuvo que hacer frente a la emergencia de la pandemia haciendo un uso abundante de los Ertes (instrumento similar a la Cassa di integrazione guadagni in deroga), como forma de mantenimiento de una situación de producción normal.
 
Además, a pesar de haber tenido que hacer frente a un periodo de grave crisis económica, mediante el método de concertación se aumentó el Salario Mínimo Interprofesional en 344  en 5 años, lo que lo llevó a 1.050  en 2023, con un incremento de 47% en el quinquenio.
 
Finalmente, no se puede dejar de mencionar la llamada “ley riders” que, mediante una reforma del Estatuto de los trabajadores, introdujo una importante presunción de subordinación a favor de los repartidores, siendo uno de los primeros países de Europa que optó por abordar con decisión el problema de su cualificación jurídica, introduciendo el derecho de información de los representantes de los trabajadores a la gestión algorítmica de la organización de empresa.
 
En todo caso, como se ha dicho, con diferencia la reforma más significativa dentro de la actividad normativa del gobierno fue sin duda la del mer cado de trabajo aprobada por el Consejo de ministros en diciembre de 2021, que tenía como objetivo empezar a reparar los daños de más de veinte años de políticas neoliberales de empleo llevadas a cabo tanto por gobiernos de centroizquierda como de derecha. En particular, se querían abordar las con- secuencias de la reforma del Partido Popular de 2012, que pretendía debilitar las organizaciones sindicales, afectando negativamente la capacidad y fortaleza de la negociación colectiva.
 
Sin embargo, si hay un elemento real de extraordinaria novedad en la reforma, tal vez lo constituya la elección de afrontar una crisis en sentido contrario al normalmente elegido. Es bien conocido como la crisis sea una compañera de viaje del derecho del trabajo, como escribe Carlos Palomeque, y las crisis se han, a menudo, utilizado como excusas para una constante reforma neoliberal del mercado de trabajo, con transformaciones tan profundas que han afectado al derecho del trabajo hasta en sus pilares.
 
Los costes de las crisis de estos años los han pagado exclusivamente y de forma realmente brutal la clase trabajadora, a través de una fuerte rebaja de sus garantías en la relación laboral. Por estas razones, uno de los “deportes” más practicados por parte de los gobiernos occidentales ha sido el “lanza miento de la reforma laboral que solucionará la crisis ocupacional”. Sin embargo, las respuestas que el derecho del trabajo español ha ofrecido delante de esta última crisis han sido diferentes; en un periodo histórico en el que se habla constantemente de la necesidad de un derecho del trabajo que sea más sostenible, el Ministerio de Trabajo español ha demostrado como este mismo derecho además que sostenible tiene que ser sostenido por los pilares de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.
 
Es bien conocido que el derecho del trabajo español tiene unas anomalías, que lo diferencian de otros, especialmente a causa del porcentaje excepcional de contratos de duración determinada en relación con los trabajadores fijos y la ultraactividad del convenio colectivo limitada por la reforma del PP. Sin embargo, esta reforma contiene muchos elementos de reflexión también para el derecho italiano, en particular, recuperar el valor de la estabilidad y luchar contra los contratos de bajo coste.
 
El rasgo principal de la reforma se encuentra ciertamente en la lucha contra la precariedad y, de manera especial, contra el abuso de los contratos temporales, tipología contractual predominante en la historia democrática de la España posfranquista. La reforma devuelve el papel de contrato tipo al contrato indefinido (como también exige la directiva UE) y deroga los contratos que, de hecho, la jurisprudencia española había transformado en acausales (obra o servicio, eventual o interino); de esta manera es posible contratar un contrato de duración determinada sólo en presencia de razones “productivas o sustitutivas” que se caracterizan por la temporalidad, demostrando haber aprendido de la lección italiana respecto a la interpretación de la causa de duración determinada del contrato contenido en el Decreto Legislativo 368/2001.
 
Además, la reforma quiere restituir el valor de la formación en los con- tratos formativos, para los que al menos se debe garantizar el Salario Mínimo Interprofesional, con el fin de evitar que se utilicen únicamente para reducir costes laborales. La nueva regulación de los contratos formativos prevé la supresión del contrato en prácticas, del contrato para la formación y aprendizaje y del contrato para la formación dual universitaria, sustituido por el nuevo contrato formativo en sus dos modalidades: la formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena o el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada. Este cambio quiere preservar el elemento formativo y garantizar los derechos de las personas en la realización del trabajo.
 
Finalmente, la reforma opta por reforzar el papel de la negociación colectiva mediante la afirmación de la función prioritaria del convenio colectivo nacional del sector y la elección del convenio colectivo del sector de actividad del contratante en caso de contratas y subcontratas, lo que puede significar el fin de la aplicación del convenio colectivo “multiservicios”.
 
Esa reforma está obteniendo buenos resultados concretos ya poco tiempo después de su aprobación también gracias a que se obtuvo tras un largo proceso de concertación con los agentes sociales más representativos, así como con la Comisión Europea. La concertación constituye, de hecho, un rasgo característico de la actividad del Ministerio de Trabajo y de la Economía Social español de este gobierno, dado que encuentra correspondencia en la apuesta por constituir un movimiento político al modo precisamente concertado de Sumar, guiado por la ministra Yolanda Diaz.

 
 
2. La iniciativa SUMAR en el contexto político español del año 2023
 
El asedio continuo de la oposición de los partidos de la derecha y de la derecha extrema a esta obra reformista coloca las elecciones generales, inicialmente previstas para finales de noviembre del 2023 y luego adelantadas al 23 de julio después de los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, como un momento fundamental en el logro de las mayorías que posibiliten la continuidad y profundización de esta experiencia de gobierno. Para ello, el espacio a la izquierda del PSOE tiene que reorganizarse superando las divisiones y tensiones que se han ido desarrollando en su interior. En esa dirección, Yolanda Diaz se ha erigido en un referente fundamental para liderar políticamente este espacio de cara a las elecciones.
 
Para ello, ha impulsado la creación de una plataforma ciudadana, de carácter transversal, independiente de (pero no confrontada con) los partidos políticos, que debe abrirse a un proyecto de escucha a la ciudadanía, para con- formar un amplio programa de reformas que abarque “una década progresista” en adelante. Este proyecto se denomina SUMAR, y se va desarrollando tanto en torno a actos territoriales “con la sociedad civil”, como con la creación de un amplio proceso de discusión y de debate sobre propuestas de análisis y de proyecto en torno a los temas más importantes que estructuran la sociedad y que requieren soluciones a medio y largo plazo sobre los retos más urgentes que los definen.
 
De esta manera, en septiembre de 2022, se crearon hasta 35 grupos de trabajo sobre diferentes aspectos, dirigidos cada uno de ellos por personas sin relevancia pública en el ámbito político, pero si en el cultural, económico o académico, organizados en cinco ejes – conocimiento, social, económico- laboral, sostenibilidad, calidad democrática – que se abrieron a un amplio número de personas que participaron en lo que debía ser el análisis de la realidad y las propuestas de reforma. Se trató de un proceso de participación plural y numerosa, más de 1.200 personas han trabajado en el seno de estos grupos que finalmente presentaron el resultado de sus trabajos el 12 de enero del 2023 en un acto conjunto en Madrid en el que se expusieron las conclusiones de nueve de los 35 grupos de estudio y que cerró la intervención de Yolanda Diaz. A partir de ahí, se está elaborando un documento sintético de las propuestas, pero cada uno de estos informes se utilizan para que, en cada ámbito sectorial, prosiga el debate esta vez con instituciones y organizaciones sociales, así como otro tipo de colectivos, en la idea de seguir cumulativamente logrando tanto el conocimiento de este tipo de análisis y propuestas como la incorporación de apreciaciones, matices o nuevas aportaciones a dichos informes. A mitad de marzo se ha producido el lanzamiento formal de SUMAR como plataforma ciudadana de cara a las elecciones ge nerales liderada por Yolanda Diaz.

 
 
3. El significado del “proceso de escucha” a través de la experiencia de trabajo colectivo realizado
 
La desatención, cuando no el manifiesto incumplimiento de la constitución social, ha caracterizado la experiencia vivida en las últimas cuatro décadas y es la causa del desapego ciudadano ante la política como fórmula de cambiar las cosas. Vaciando progresivamente de contenido las promesas de un trabajo estable como base de la seguridad de la existencia de la mayoría de la población, imposibilitando la realización de un derecho a la vivienda cada vez más ilusorio, demostrándose incapaces de garantizar un ambiente saludable, la precariedad laboral y vital de amplias capas populares ha ofrecido una imagen de una sociedad escindida y profundamente desigual, lo que se acentuó de manera terrible con ocasión de la crisis financiera y de endeudamiento público en el ciclo 2010-2013, que puso fin a un proceso largo de la modernización y privatización a gran escala a partir de la mitad de la dé- cada de los ochenta y toda la de los noventa del pasado siglo hasta el inicio de los años dos mil en España.
 
Los juristas saben – sabemos – que la realidad no puede separarse de sus representaciones, y en el largo trayecto que lleva hasta el inicio de un período de excepción marcado por la irrupción de la pandemia a comienzos del 2020, se ha ido conformando un modelo de sociedad, regida políticamente por el turno bipartidista en el gobierno y comprometida por su representación económica, social y cultural fuertemente neoliberal, que ha generado inseguridad, desigualdad creciente y sufrimiento de innumerables personas, condenadas a su irrelevancia en términos de decisión política. La captura de este espacio por agentes que mantenían en lo esencial la impotencia de las pulsiones sociales, inmunizando la dimensión de la política frente a cualquier cambio sustancial, impuso una gobernanza alejada de las propuestas de profundización democrática del país. Esa es la crónica del fracaso democrático del sistema de turno de partidos que ha caracterizado la experiencia española a partir de 1982 hasta su crisis a partir de las elecciones del 2015 y las turbulencias electorales e institucionales posteriores que desembocaron en el gobierno de coalición tras las elecciones de noviembre del 20191.
 
A partir de la situación de excepcionalidad social que causó la pandemia, la sociedad ha descubierto la necesidad de políticas públicas que combatieran las consecuencias más lesivas de una crisis económica y productiva de incalculable alcance, la posibilidad de articular un escudo social frente a las adversidades personales, de construir estructuras sólidas de preservación del empleo en el contexto de un proceso de institucionalización de sindicatos y asociaciones empresariales en torno al diálogo social como método de go bierno, a la vez que se visibilizaba a tantas y tantas personas protagonistas de cuidados y atenciones imprescindibles en una sociedad avanzada como la nuestra cuyo trabajo paradójicamente apenas veía reconocido su valor en términos de mercado. Desde ahí se ha planteado la oportunidad y la necesidad de un cambio profundo de modelo que consolide el compromiso público por nivelar la desigualdad, fortalecer el empleo estable y profundizar de este modo el diseño de la constitución social que durante tanto tiempo ha quedado sin desarrollar.
 
A este marco de pensamiento corresponde la iniciativa de SUMAR de impulsar un amplio proceso de escucha entre la sociedad española y constituir nada menos que 35 grupos de discusión y trabajo sobre los temas más importantes que definen un modelo social y político en nuestro país, una mirada colectiva crítica del presente y un diseño de cambio real de futuro. Un proceso de debate que ha culminado sus trabajos en una serie de mate riales muy valiosos que contienen análisis y propuestas muy completas que denotan una capacidad de proyecto, un diseño poliédrico de una serie de enfoques de la realidad social más justa, más igualitaria, en la que el trabajo esté en el centro de la construcción democrática y en donde se prescribe una ciudadanía materialmente sostenida en sus necesidades y en sus anhelos de prosperidad y de felicidad por políticas públicas activas que garanticen sanidad, educación, inclusión social e igualdad efectiva, a partir de un esquema de redistribución equitativa de recursos y de asignación plena de derechos.
 
Hay un proyecto de país muy detallado y articulado como resultado de estos debates que han involucrado a más de mil doscientas personas de distintos ámbitos y organizaciones en una discusión colectiva. Un proyecto de país que se aleja de – y se confronta con – las visiones que hasta el momento se han ido desplegando ante la ciudadanía como únicas propuestas viables, un proyecto que busca salir adelante mediante un cambio social, político, económico y cultural que deje atrás el fracaso evidente de la lógica neoliberal que ha animado las políticas públicas y la acción de los poderes privados en  el inmediato pasado, y que se ha encarnado en la impotencia democrática en la que se movía el bipartidismo. La lectura de estos textos surgidos de la discusión colectiva permite comprender la riqueza de los debates habidos que se manifiesta en la corrección de los análisis y la inteligencia de las propuestas efectuadas. Más allá de las coordenadas discursivas e históricas que encuadran este esfuerzo colectivo, lo cierto es que las palabras allí recogidas importan, son en sí mismas una herramienta interpretativa y expresiva de la realidad que se quiere transformar, extremadamente valiosa y sugerente.
 
Ahora bien, ese proyecto requiere de agentes colectivos que lo dinamicen, lo protagonicen y lo encarnen. Un sujeto que, apoyándose en la articulación de subjetividades complejas y polifónicas, declinadas también en femenino, poblado por identidades diversas, que sepan confluir entre lo social y lo político, capaz de representar esa realidad anotada en los análisis y las propuestas de estos grupos de estudio. Un sujeto que actúe en el espacio público y en la política de partidos, bien anclado en los movimientos y en las dinámicas sociales, capaz de articular una cultura ciudadana en torno a los ejes que se han discutido en el proyecto de país que emerge de estos debates de enorme riqueza, que sepa representar esa realidad apenas anotada en las densas páginas que han recogido los análisis críticos y las propuestas de actuación que prefiguran reformas institucionales bien meditadas y escogidas. En todas ellas destaca la necesidad de políticas públicas que reconstruyan derechos e intereses, que impongan límites a los poderes privados, que recuperen el sentido profundo del derecho de la ciudadanía a tener derechos y a que éstos estén garantizados suficientemente. Políticas públicas que se remiten a un Estado social comprometido con los objetivos de igualdad sustancial y de remoción de las dificultades para su logro efectivo que declara nuestra Constitución
 
Este es el reto actual, la decisión consecuente ante un proyecto completo de cambio institucional, político y social como el representado por el conjunto de estos grupos de estudio, un mundo posible que representa una realidad que tiene grandes probabilidades de alcanzarse y lograrse impulsada por una amplia mayoría social. Lo que en última instancia implica el horizonte de sentido en el que se mueve SUMAR.

 
4. Las propuestas del Grupo de Trabajo de SUMAR sobre la regulación de las relaciones laborales
 
Los dos autores de esta nota hemos participado en el grupo de trabajo   que se denominaba “Trabajo Decente” y que dirigía y coordinaba Amparo Merino, catedrática de Derecho del trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, de la Universidad Castilla La Mancha (UCLM). Formaron parte del grupo 43 personas, mayoritariamente del ámbito académico universitario, pero en donde también intervinieron abogados y sindicalistas. La gran mayoría de quienes fueron convocados y aceptaron participar éramos  iuslaboralistas, aunque también participaron sociólogos y economistas. La presencia académica universitaria fue abrumadora, aunque contamos con magistrados e inspectores de trabajo. Las y los profesores participantes pro- venían de 18 universidades españolas y dos italianas – los profesores Lassandari y Loffredo – alguna de las cuales cubrían un cupo mayor, como las de la UCLM, Granada, Pablo de Olavide (Sevilla), La Laguna, Valencia, la Pública de Navarra o la Autónoma de Barcelona2. El grupo lo componían 24 mujeres y 19 hombres.
 
El objeto del documento del grupo sectorial sobre “Trabajo Decente” quería centrarse fundamentalmente sobre la materia estrictamente laboral de la regulación legal y colectiva del trabajo, aunque eran evidentes las concomitancias con otros grupos de estudio, señaladamente los que se dedicaban al análisis de la dimensión europea, migraciones, el relativo a bienestar y derechos sociales y el correspondiente a la justicia. Con algunos de estos se mantuvieron contactos indirectos pero la regla general fue la de una suerte de self restraint con algunas indicaciones muy generales.
 
Como forma de trabajar, se preparó un texto que debía ser debatido y discutido por todos los participantes. En la redacción de este texto trabajó una comisión compuesta por la coordinadora del grupo sectorial, Amparo Merino, a la que se añadieron Joaquin Aparicio y Antonio Baylos. La organización de las reuniones de discusión se hizo a través de un primer encuentro virtual, en el que se acordaron modificaciones y añadidos al texto original, seguido de un plazo de dos semanas para que aquellas personas que no habían podido intervenir (o no lo habían hecho, pero tenían interés en aportar algunas observaciones al texto) enviaran sus comentarios o propuestas que a su vez resultaban seleccionadas y agrupadas para una nueva sesión colectiva en la que se presentaba el texto por así decir “enmendado” para su aprobación. Finalmente, en una última sesión, el documento resultaría adoptado como “documento final”3.
 
Éste, como se verá a continuación tiene dos partes muy diferenciadas. En un primer término, el documento se estructura sobre los principios fundamentales que explican la posición de partida: la centralidad del trabajo en las sociedades actuales, el carácter político y democrático del reconocimiento constitucional del trabajo y el derecho del trabajo, la relación entre el trabajo y la Seguridad Social, la democratización de la empresa y el refuerzo de los derechos laborales en un Estatuto del Trabajo, y, finalmente, el gobierno de las grandes transiciones, ecológica, digital y la derivada de los grandes flujos de circulación de las personas. La segunda parte es menos asertiva que pro- positiva y se dedica a lo que se consideran “los elementos centrales del cambio”, que se desgranan en once apartados – huyendo de la idea canónica del decálogo – construidos en torno a la enunciación de derechos: el primero, el derecho al trabajo, seguido del derecho a la vida, a la salud y seguridad de las personas que trabajan y al ambiente seguro y saludable, los derechos de ejercicio colectivo, sindicación, huelga y negociación colectiva, el derecho a un trato digno y a no ser discriminado, a un salario digno, suficiente y ade- cuado, al tiempo de trabajo y a la adaptación del trabajo a la persona, al es- tudio y la formación, a la intimidad, a la propia imagen y la protección de datos personales, a la libertad ideológica y de pensamiento y a la libertad de expresión e información, a la tutela de la Seguridad Social ante estados de necesidad de las personas que trabajan y el derecho a una eficaz protección delos derechos reconocidos a las personas trabajadoras. Cada uno de estos apartados contienen a su vez toda una serie de medidas o de líneas de desarrollo que los especifican y concretan.
 
El documento final formalmente sirve ahora como un texto que se difundirá entre sindicatos y organizaciones sociales no sólo a efectos de que estas entidades conozcan el trabajo realizado, sino también para que puedan aportar o intervenir sobre su contenido. En alguna medida, no obstante, la presencia en el grupo de estudio de importantes exponentes tanto de la con sulta jurídica de las dos confederaciones – CCOO y UGT – como de personalidades clave en los círculos culturales del sindicalismo español – como el director de la Escuela de Trabajo de CCOO – garantiza una evidente cer canía del documento final a las posiciones sindicales.
 
A este documento final la coordinadora del grupo sectorial de estudio, Amparo Merino, tuvo que presentar un resumen de dos páginas en el que se intentara condensar el sentido y el alcance del texto aprobado, y además intervino en el acto público de presentación de las “ideas para una década progresista” que se celebró el 12 de enero, entre los nueve sectores seleccionados para dar una idea general del proyecto llevado a cabo.

 
 
5. Qué enseñanzas tiene para el iuslaboralismo italiano este proceso de escucha y la propuesta de regulación del trabajo de SUMAR
 
El movimiento que dio lugar a la redacción de los documentos compartidos en los distintos grupos de escucha de Sumar constituye, incluso con independencia del contenido de los mismos, un fenómeno de sumo interés no sólo dentro de la política española sino también fuera de las fronteras ibéricas. La opción política de empezar de abajo hacia arriba la construcción de una plataforma, primero social y política y luego electoral, que escuche las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas debe hacer reflexionar mucho, sobre todo en un país donde las últimas elecciones (tanto políticas como administrativas) registraron una abstención y una desafección preocupante para cualquier país que quiera llamarse democrático. Abandonar el enfoque político “top/down” puede constituir una forma de reafirmar el deseo de participar libremente en la toma de decisiones sobre el destino de un país y puede conducir, si va seguido de una participación real de la gente, a un acercamiento de la ciudadanía a la política institucional, cada vez más lejana.
 
Más allá del método, en todo caso debe subrayarse con fuerza que el elemento de mayor valor para el debate italiano está constituido precisamente por el hecho de que, en todos los documentos, pero en particular en el de “Trabajo decente”, por supuesto, se reitera la absoluta centralidad del trabajo y del Estado de bienestar en el mundo contemporáneo y que la protección del trabajo, en todas sus formas y aplicaciones, no es un legado del siglo XX, sino una absoluta necesidad moderna.
 
En efecto, el documento sobre el Trabajo decente se mueve entre el presente, el pasado y un futuro posible y deseable.
 
El presente lo constituye la crítica a la mercantilización del trabajo (y de su derecho) que se dio a nivel internacional y que parece imparable con las únicas fuerzas de los derechos laborales de los países. Por ello, el grupo de trabajo siempre ha reflexionado teniendo en cuenta un enfoque multinivel, en el que se considere tanto el nivel europeo (en el que España está jugando un papel fundamental como motor de los derechos sociales y que puede ser especialmente significativo ahora que comienza su semestre de presidencia del Consejo de la UE) y el internacional, y en particular de la OIT. Además, la misma noción de trabajo decente se inspira, sin ser exactamente la misma, en aquella elaborada justo por la OIT.
 
El pasado del que no se desprende el documento de Trabajo decente es, en cambio, la Constitución, que se sitúa en el centro de la reflexión del grupo no sólo como pilar de la materia, sino también en su función de bisagra entre la ley nacional y la norma internacional.
 
Finalmente, por supuesto, el documento del grupo mira hacia el futuro del trabajo, consciente de que no se parecerá en nada a lo que hemos conocido hasta ahora. Por lo tanto, la necesidad compartida fue la necesidad de desarrollar un estatuto del trabajo que tenga en cuenta las transiciones ecológica, digital y migratoria pero que se preocupe sobre todo de proteger a la persona que trabaja, en cualquier forma en que se realice el servicio.

 
 
* El presente artículo es fruto de la reflexión común de los dos autores. Sin embargo, los párrafos 1 y 5 son atribuibles a Antonio Loffredo mientras los párrafos 2, 3 y 4 a Antonio Baylos.

 
1 A partir de la movilización espontánea del 15-M y la ocupación de las plazas en el 2011, que, tras la continua movilización social de ese trienio 2011-2013 condujo a la irrupción de nuevos actores políticos como Podemos, que obtuvo un resultado espectacular en las elecciones del 2015, con más de cinco millones de votos y 69 escaños. A partir de ahí, las maniobras para que no pudiera intervenir en el espacio público de toma de decisiones relevantes fueron extremadamente potentes, lo que condujo a repetición de elecciones ante la imposibilidad de formar mayorías suficientes sin el concurso de este grupo, y movimientos que desestructuraron al PSOE como partido democrático para que aceptara el gobierno del PP en minoría en el 2016, con la “defenestración” de Pedro Sánchez y su retorno a la dirección del partido con posterioridad. En junio de 2018 la moción de censura al gobierno Rajoy supuso el inicio de un ciclo nuevo que permitiría, de nuevo tras una repetición electoral, la formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y UP, pero ya con una fuerte disminución del voto de este sector, en torno a tres millones de sufragios, y 33 diputados. El gobierno no tenía mayoría en la cámara pero conseguiría una amplia mayoría parlamentaria para la investidura con el apoyo de partidos nacionalistas y soberanistas además de otros partidos pequeños.
 
2 Las universidades de referencia de las personas participantes eran la de León, Castilla La Mancha, La Laguna, Pablo de Olavide, Córdoba Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona, Alcalá de Henares, Salamanca, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Jaén, Complutense de Madrid, Pública de Navarra, Sevilla, Alicante, Bolonia y Siena.
 
3 Está disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Pv68-Jn_- UOTgz4BsV2exz361IPQ9Gud7/view?usp=sharing.
 
 
  
 
Palabras clave
 
SUMAR, proyecto de escucha, políticas públicas, agentes colectivos, trabajo decente.
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