Jurisprudencia Frai - La Causa Laboral

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Comentario a Fallo: Declaran procedente una acción de amparo por mora de la Administración y condenan en costas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por incumplimiento de los plazos establecidos por la Ley 27.348 para la resolución de las actuaciones administrativas, por Claudio Marcelo Frai

SUMARIO:
Procede el amparo ante el silencio de la administración cuando en la razón de urgencia que presenta el caso, vencido el plazo de 60 días del art. 3 de la ley 27.348 sin que el servicio de homologación dependiente la Comisión médica correspondiente se expidiese sobre el acuerdo arribado, dada la naturaleza de los bienes comprometidos y el derecho que surge conculcado. Asimismo, corresponde imponer las costas a la Superintendencia del Riesgos del Trabajo por obligar al trabajador a solicitar la intervención jurisdiccional a los efectos que se la compeliera a cumplir con una obligación legal.
En los autos: “Salas, Gabriel Alfredo c/Comisión Médica Jurisdiccional N° 37 Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/Amparo” (Expte.16095/18), el Tribunal de Trabajo N° 1 descentralizado de Lanús, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, hizo lugar a la acción de amparo por mora de la administración iniciada por el trabajador y condenó en costas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Así, el Tribunal entendió que: “La procedencia del amparo justifica principalmente en la razón de urgencia que presenta el caso, en atención a sus particularidades, dada la naturaleza de los bienes comprometidos y el derecho que surge conculcado (en el caso del silencio de la administración), la acción de amparo es la vía indicada para tramitar la pretensión planteada en autos.- Atento encontrarse en autos los requisitos de admisibilidad necesarios para la viabilidad de la medida solicitada y atento las constancias acompañadas como prueba documental y de acuerdo a lo expuesto en los párrafos que anteceden, considero necesario hacer lugar a lo solicitado por la parte actora”.

El Caso.
Como consecuencia del accidente laboral padecido, y producido el cese de su incapacidad laboral temporaria, el trabajador damnificado suscribió con Provincia ART una propuesta de convenio indemnizatorio correspondiente al daño derivado del mencionado infortunio, el que fue presentado por la aseguradora, en los términos del art. 3° del Anexo I, de la Ley 27.348 , art. 3 del Anexo I, del Decreto 54/2017 y del art. 19 de la Resolución SRT 298/17, el día 27 de julio de 2018 ante la Comisión Medica Jurisdiccional N° 37 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a los efectos de su sometimiento al servicio de homologación; organismo que le dio ingreso bajo el expediente 197159/18.
Vencido el plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos para que la Comisión Medica se expidiese respecto de la homologación solicitada (art. 3 de la Ley 27.348 y art. 3 del Decreto 54/2017); y ante la inexistencia de acto administrativo alguno que diera tramite al expediente; el trabajador damnificado interpuso solicitud de pronto despacho, a los efectos que se diera impulso a las actuaciones y se emitiera el acto administrativo correspondiente por parte del servicio de homologación, sin obtener respuesta.
Ante el silencio guardado por la Comisión Médica, encontrándose vencido el plazo perentorio establecido normativamente para que la administración se expidiese respeto de la homologación solicitada, el actor interpuso ante los tribunales laborales con competencia territorial (art. 2 de la Ley 27.348 y art. 2 del Decreto 54/2017) una acción de amparo por mora de la administración, solicitando se la intime al impulso de las actuaciones.
Cabe destacar que, si bien se encontraban vencidos los plazos perentorios establecidos en la ley para la resolución del expediente administrativo, lo que torna expedita la vía judicial (Art. 3 de la Ley 27.348) pudiendo pedirse la homologación judicial, el trabajador optó por solicitar a la jurisdicción que intime a la Comisión Médica a la tramitación del expediente, sosteniendo que: “La demora injustificada de la administración en un contexto económico inestable, con índices de inflación mensuales del 6 %, vulnera palmariamente mi derecho propiedad (Art. 17 CN) y envilece día tras día la reparación económica que pueda percibir. Siendo evidente el daño que me ocasiona la inacción de la administración, violenta, a su vez, el principio de indemnidad del trabajador. El angustioso presente económico que vivimos, nos impulsa a realzar la importancia del principio de indemnidad como manifestación concreta y especializada del deber de no dañar, en las conductas producidas en ocasión del contrato de trabajo”.
En este escenario, el Tribunal de Trabajo N° 1 de Lanús, entendió que: “La procedencia del amparo justifica principalmente en la razón de urgencia que presenta el caso, en atención a sus particularidades, dada la naturaleza de los bienes comprometidos y el derecho que surge conculcado (en el caso, el silencio de la administración), la acción de amparo es la vía indicada para tramitar la pretensión planteada en autos.- Atento encontrarse en autos los requisitos de admisibilidad necesarios para la viabilidad de la medida solicitada y atento las constancias acompañadas como prueba documental y de acuerdo a lo expuesto en los párrafos que anteceden, considero necesario hacer lugar a lo solicitado por la parte actora”. En consecuencia, se debe ordenar a la Comisión Médica Nro. 37 Superintendencia de Riesgos del Trabajo a que proceda al pronto despacho de las actuaciones administrativas, Expte. nro. 197159/18 SRT, iniciadas por Provincia ART el 27 de Julio del corriente año, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicar las sanciones conminatorias que le pudieran corresponder.
Notificada la resolución judicial, la Comisión Medica Jurisdiccional solicitó prorroga de veinte (20) días para dar cumplimiento con la manda, pero sin justificar su demora, para luego expedir el acto administrativo que dio culminación al expediente en cuestión.
Así, resuelta la cuestión de fondo, el letrado del trabajador solicito regulación de honorarios con expresa imposición de costas a la demandada.
Oportunamente, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, solicitó la imposición de costas por el orden causado, argumentando que: “El procedimiento incoado en los presentes es unilateral. El proceso de amparo por mora no es contencioso. Ello es así ya que a diferencia de los procesos contenciosos en que hay contienda, controversia, disputa o discusión, en el amparo por mora no hay partes en sentido estricto. Si bien hay un peticionante o solicitante, éste carece de adversario. La actuación de la Administración se limita a informar, es decir a "anoticiar" al juez sobre las causas de la demora aducida. Habida cuenta de que el "informe" del art. 28 no es un acto de defensa o resistencia sino de mera transmisión objetiva de datos contenidos en un expediente administrativo, el amparo por mora no es una contienda o debate entre dos partes por cuanto la Administración, a requerimiento del juez, sólo se limita a producir un informe que da noticia del trámite administrativo, pero no efectúa una contestación de demanda”.
Finalmente, el Tribunal, en el entendimiento de ser “manifiesto el incumplimiento de la administración, que obligó al trabajador a solicitar la intervención jurisdiccional a los efectos que se la compeliera a cumplir con una obligación legal”, reguló los honorarios del letrado del actor, imponiendo las costas a la demandada Superintendencia de Riesgos del Trabajo “ya que ha progresado en lo sustancial lo peticionado por el actor.”.

Conclusión.
Frente a esta nueva situación sui generis que al fuero del trabajo se le plantea, en torno a la demora injustificada de las Comisiones Médicas para resolver los expedientes administrativos dentro de los plazos legales, la justicia deberá, como en el caso, resolver lo más rápido posible al amparo de los derechos del más vulnerable, el trabajador; teniendo como horizonte, enaltecer el Principio Protectorio, rector en las relaciones de trabajo, cuya finalidad es proteger al trabajador en su condición de persona humana, equilibrando las diferencias preexistentes, en el caso, entre el trabajador y el estado, en razón a la manifiesta asimetría de poder de las partes; siendo ni más ni menos que cumplir con la tutela constitucional establecida por art. 14 bis.: “El trabajo en su diversas formas gozará de la protección de las leyes…”.

Comentado por Claudio Marcelo Frai. Abogado – UBA  T° 87 F° 473 CPACF, T° 3 F° 216 CAAL. claudio_frai@hotmail.com Integrante del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Avellaneda - Lanús.


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